Después del debido protocolo, el centro de servicios judiciales del complejo judicial de Paloquemao fijó la nueva fecha para la imputación de cargos en contra del presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa Barragán.
Esto en el proceso que se le adelanta por su presunta participación y conocimiento en las irregularidades en la búsqueda de financiación y presentación de informes contables de la campaña Petro Presidente 2022, de la cual fue el gerente.
De esta forma, Roa Barragán —quien actualmente se encuentra por fuera de Ecopetrol tras pedir una licencia no remunerada por dos meses— deberá presentarse el próximo 8 de mayo en compañía de su abogado de confianza.
La Fiscalía General, como lo reveló SEMANA, tiene diversas pruebas documentales, testimoniales y técnicas que indican que Ricardo Roa, siendo gerente de la campaña, envió información ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) frente a los gastos y fuentes de financiación.
Sin embargo, al hacer un contraste y una revisión técnica, el ente investigador llegó a la conclusión de que los datos que ahí reposaban no correspondían a la verdad.
El fiscal de la Unidad de Delitos Electorales consideró que se presentaron maniobras para no superar los topes exigidos por el Consejo Nacional Electoral (CNE), tanto para la primera vuelta (mayo 2022) como para la segunda vuelta (junio 2022).
En este punto se indicó que se redujeron considerablemente valores, se modificaron facturas y cambiaron gastos de la correría política. Esto, presuntamente, para ajustarse a los montos que establece claramente la ley.
En la investigación se citan los informes de inspecciones a los sitios, proveedores y entidades que, de acuerdo con los propios informes, guardaban los soportes de servicios prestados a la campaña presidencial Petro Presidente 2022.
Para esto, se revisaron los documentos de la Dirección de Impuestos y Aduanas (Dian), así como las facturas de los hoteles, las empresas de transporte y logística que, según los investigadores, fueron los encargados de prestar servicios, asesoría y hasta vigilancia en el marco de la campaña presidencial.
Esas inspecciones del ente acusador observaron que lo redactado por el partido político en esos informes, presuntamente, fue muy distinto a lo que habría ocurrido durante la correría política.
Las entidades y empresas explicaron a los investigadores que las facturas presentadas en los informes tenían sustanciales diferencias con lo consignado en sus archivos o estaban ubicadas en tiempos diferentes. Facturas de hoteles usadas en la segunda vuelta quedaron en los reportes de gastos de la primera.
Roa ya enfrenta un proceso penal por el tráfico de influencias que se habría presentado para adquirir, a un precio menor, un apartamento en uno de los sectores más exclusivos de Bogotá.
La Fiscalía General le imputó, en este caso, el delito de tráfico de influencias de servidor público. En dicha diligencia judicial se declaró inocente de los señalamientos hechos por el ente investigador.