En su última edición, SEMANA publicó el resultado de una auditoría forense que hizo el Gobierno de Abelardo De La Espriella a la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI).
La conclusión es impactante. Según el informe, la entidad se “convirtió, durante el gobierno de Gustavo Petro, en una especie de policía política. La máxima dependencia a cargo de garantizar la seguridad nacional perdió la confiabilidad”.
Por si fuera poco, hubo “infiltraciones, corrupción, injerencia de agentes extranjeros, los sistemas tecnológicos fueron ‘infectados’, se perdieron las capacidades adquiridas y, al final, la información más sensible y reservada se politizó y terminó en la calle en manos peligrosas”.
Entre las muchas revelaciones sobre lo que se hacía desde ese organismo de inteligencia, hay una de mucho peso. Se trata de los seguimientos que desde los organismos del Estado se habrían hecho a figuras políticas y del periodismo que en ese momento le eran incómodas al petrismo.
En ese objetivo, la DNI no actuó sola. Este medio narró cómo desde 2024 SEMANA ha tenido información de otras dos entidades que se articularon en ese propósito: la Uiaf y la Dian.
Para esta investigación, una fuente de la Uiaf le narró a SEMANA lo que vio ejecutar al interior de esa entidad. Esta fuente aseguró que había un interés muy claro en buscar información de los opositores por vías no necesariamente ‘santas’.
“A partir de unas órdenes de trabajo que impartió la Uiaf, se le empezaron a hacer escuchas, seguimientos y búsquedas selectivas en bases de datos al fiscal Francisco Barbosa. A la vicefiscal Martha Mancera también le estaban esculcando hasta el nido de la perra”, contó esa fuente.
La fiscalía de Barbosa fue uno de los principales contrapesos al gobierno, con una crítica feroz de los excesos que la política de la paz total les dio a los criminales. Lea acá su reacción a la revelación.
Según la portada de SEMANA, esa misma fuente de la Uiaf “aseguró que esa entidad tenía capacidades de intervenir las comunicaciones de sus objetivos”.
Y entregó la lista de quienes estarían en la mira de ellos:
- La entonces procuradora Margarita Cabello, a quien también le habrían monitoreado a un hijo;
- el excontralor Carlos Felipe Córdoba, por dudas sobre sus estudios en derecho;
- el general (r) Eduardo Zapateiro;
- el general (r) Luis Fernando Navarro;
- el general (r) Jorge Luis Vargas;
- el expresidente Iván Duque (lea acá su reacción a esta revelación);
- el expresidente Álvaro Uribe;
- María Fernanda Cabal (lea acá su reacción a esta revelación);
- Paloma Valencia;
- Miguel Uribe Turbay (quien murió en agosto de 2025 tras sufrir un atentado el 7 de junio de ese año);
- Jenny Rozo;
- el abogado y columnista Ramiro Bejarano;
- periodistas, entre los que estaba Vicky Dávila, en su momento directora de SEMANA y quien luego fue candidata presidencial.
A Dávila esa persona la había buscado ya en 2024 y le había advertido: “Por ejemplo, escucharla a usted, la ven como alguien no afín al régimen, le hacen monitoreo a ver qué le encuentran”.
La persona agregó: “Hay más periodistas. Todos los que le tiraban piedras al gobierno están en el radar de la Uiaf”.
La fuente también aseveró que el mismo presidente Gustavo Petro recibía un informe semanal con esas actividades.
Además, indicó que la vara con la cual buscaban a quién seguir era clara: “A toda la gente que huela a uribismo”.