Luis Alfredo Acuña, contratista de la Unidad Nacional de Protección (UNP) y vinculado al esquema de protección del actual secretario de la Cámara de Representantes, José Luis Lacouture, fue capturado cuando tenía en su poder 145 millones de pesos, además de publicidad electoral que impulsaba la candidatura al Senado de Daniel Restrepo, por el partido Conservador.
En las últimas horas fue presentado por la Fiscalía General por el delito de omisión de reportes sobre transacciones en efectivo, movilización o almacenamiento, un tipo penal bastante particular y que en muy pocas oportunidades se atribuye a alguien procesado por tener una millonaria suma de dinero en efectivo sin justificación.
El delito que se atribuye a Acuña y al otro hombre que lo acompañaba en el vehículo, con el dinero incautado y el material electoral, no garantiza la privación de la libertad, esto es, la imposición de una medida de aseguramiento en centro de reclusión o detención domiciliaria. Un Juez Penal Municipal con Función de Control de Garantías ordenó su libertad tras declarar ilegal el procedimiento de captura. Aparte, ordenó la devolución del dinero a los involucrados.
Así lo detalló el abogado penalista Iván Cancino, quien aseguró que el juez de control de garantías había considerado que no se cumplieron los requisitos exigidos para avalar el proceso de captura que adelantó la Policía.
Acaba de terminar la audiencia y se decreta ilegal la captura y devolver el dinero . La presunción de inocencia y el debido proceso no es algo ligero . https://t.co/EZK3RXYMg6
— Iván Cancino (@CancinoAbog) March 4, 2026
“Acaba de terminar la audiencia y se decreta ilegal la captura y devolver el dinero. La presunción de inocencia y el debido proceso no es algo ligero”, respondió el jurista al representante a la Cámara, por el partido Liberal, Juan Carlos Losada.
Por estos mismos hechos, la Procuradruía General anunció la apertura de una investigación preliminar para determinar el grado de responsabilidad de los funcionarios de la Unidad Nacional de Protección que resultarían comprometidos en este caso.
“Ordenar apertura de indagación previa contra funcionarios, por determinar de la unidad nacional de protección y de la Secretaría General de la Cámara de Representantes,conforme a lo establecido en la parte motiva de este proveído”, señala el auto del organismo de control disciplinario.
Las dudas tras la captura
Hasta el momento, ninguna persona o funcionario se ha atribuido la propiedad del efectivo repartido en sobres de manila en el vehículo que transportaba al escolta del secretario de la Cámara de Representantes, tampoco la responsabilidad del material electoral que impulsaba la campaña del candidato al Senado por el Partido Conservador.
La millonaria suma de dinero iba distribuida en siete paquetes, precisó la Policía. Y, de acuerdo con información conocida por SEMANA, estaban marcados con los nombres de sus destinatarios, entre ellos, Débora Barrios, Christian Bermúdez,Edwin Solano, Rosa Pacheco, Ghandy R., Beba Ramírez y Kevin Cantillo.
El director de la UNP, Augusto Rodríguez, confirmó a SEMANA que no se tienen registros o solicitudes de Acuña para desplazarse hacia el norte del país. Más cuando Jaime Luis Lacouture, a quien protege, tiene residencia en Bogotá. “Él no había enviado solicitud para desplazarse a La Guajira”, recalcó Rodríguez.
Por eso, la Oficina de Control Interno y Disciplinario abrió una investigación contra el escolta para determinar qué razones lo llevaron a permanecer en La Guajira, por qué no avisó a la UNP y, lo más importante: si se encontraba adelantando una labor particular o, si al contrario, desarrollaba alguna tarea.
El director nacional de la Policía, general William Rincón, entregó detalles de lo ocurrido: “El dinero fue hallado oculto en un vehículo en el que también se encontró propaganda política alusiva a un candidato al Senado. Los recursos estaban distribuidos en siete sobres, marcados con los nombres de dos municipios y un corregimiento, lo que evidenciaría una posible estructura para la comisión de delitos electorales. En el procedimiento fueron capturadas dos personas, quienes deberán responder ante las autoridades competentes”.
Reiteró que la Policía mantiene su compromiso con la transparencia del proceso electoral y continuará desplegando todas sus capacidades institucionales para garantizar elecciones libres, seguras y en plena legalidad.
Las elecciones legislativas en Colombia tendrán lugar el 8 de marzo de 2026. En estos comicios se elegirá al nuevo Congreso de la República. Y también será la jornada para definir a los candidatos ganadores de las denominadas consultas, que son preaspirantes presidenciales que se medirán entre sí para elegir a uno solo de sus adeptos con miras a los comicios de mayo.
Entre tanto, las elecciones presidenciales en Colombia tendrán lugar el 31 de mayo de 2026. Si algún candidato no obtiene la mitad más uno de los votos, habrá una segunda vuelta entre los dos aspirantes con más votaciones, y dicha jornada definitiva será el 21 de junio de 2026. El vencedor (a) asumirá como presidente de Colombia el 7 de agosto de 2026, para un periodo de cuatro años.