La protección de los ciclistas en las carreteras colombianas cuenta desde septiembre con una nueva herramienta jurídica. El Gobierno nacional sancionó la Ley 2635 de 2026, conocida como ‘Ni un ciclista más’ o Ley Jonathan Paredes, una iniciativa que establece nuevas medidas de prevención, infraestructura, educación y sanción para proteger a ciclistas y peatones en las vías del país. La norma fue expedida el 22 de septiembre y, de acuerdo con su artículo 7, comenzó a regir desde su publicación.
La aprobación de esta legislación llega después de un trámite de más de dos años. El antecedente legislativo corresponde al Proyecto de Ley 303 de 2024 Cámara, que posteriormente pasó al Senado como Proyecto 84 de 2025. Los antecedentes oficiales registran su radicación en noviembre de 2024 y las distintas ponencias que permitieron que la iniciativa avanzara durante 2025 hasta convertirse en ley en septiembre de 2026.
La norma establece un cambio concreto que deberán tener en cuenta quienes conducen vehículos automotores: al adelantar a un ciclista deberán mantener una distancia lateral mínima de 1,50 metros.
La misma obligación se extiende a los usuarios de vehículos eléctricos livianos de movilidad personal urbana. Si el conductor incumple esa distancia, se aplica la multa prevista para la infracción D6 del Código Nacional de Tránsito.
Pero la disposición adquiere una consecuencia adicional cuando el incumplimiento termina en una lesión o en la muerte del ciclista. En esos casos, la ley contempla que la licencia de conducción del infractor pueda ser suspendida hasta por 10 años.
La discusión sobre la seguridad de los ciclistas ocurre en un contexto de alta mortalidad vial. Entre 2009 y 2025 murieron 6.663 ciclistas en Colombia, dato citado en la cobertura de la sanción de la nueva ley.
Los registros de la Agencia Nacional de Seguridad Vial consultados para 2025 muestran que entre enero y junio de ese año murieron 184 usuarios de bicicleta en siniestros viales, frente a 196 en el mismo periodo de 2024.
El historial también muestra la magnitud del problema. En un documento legislativo que recoge información de la ANSV se registra que 2024 cerró con 415 ciclistas fallecidos. La misma serie muestra cifras particularmente altas en años anteriores: 695 casos en 2019, 706 en 2021 y 727 en 2023.
La ley también incorpora el concepto de ciclocaminabilidad y establece que el Ministerio de Transporte y la Agencia Nacional de Seguridad Vial deberán fijar criterios para priorizar la infraestructura destinada a ciclistas y peatones. Esto incluye proyectos de construcción, adecuación y mantenimiento que permitan desplazamientos más seguros.
Otro componente es la educación. El Ministerio de Transporte y la ANSV deberán articular acciones dentro de las políticas nacionales existentes para educar y sensibilizar sobre las normas de seguridad vial, así como divulgar los derechos, deberes y responsabilidades de ciclistas y peatones. La ley también ordena crear una línea específica de seguimiento a la seguridad vial y la prevención de siniestros de estos actores.
El Ministerio de Transporte, además, tiene un plazo de seis meses desde la promulgación para reglamentar los criterios técnicos y pedagógicos relacionados con el enfoque diferencial contemplado por la ley.