Los diálogos de la denominada paz urbana entre el Gobierno del presidente Gustavo Petro y las bandas criminales de Los Costeños y Los Pepes, que delinquen en el Atlántico, atraviesan su momento más crítico desde que fueron anunciados. La suspensión de varios traslados carcelarios, entre ellos los de Jorge Eliécer Díaz Collazos, alias Castor; Digno José Palomino Rodríguez y Ober Ricardo Martínez, dejó al descubierto improvisaciones, contradicciones internas y una profunda descoordinación institucional.
El freno a estos movimientos se produjo luego de que SEMANA revelara en exclusiva que dichos traslados se pretendían ejecutar sin articulación alguna con la Alcaldía de Barranquilla ni con la Gobernación del Atlántico. Un hecho que encendió todas las alarmas políticas y de seguridad.
Andrés Idárraga, ministro de Justicia encargado, salió inicialmente a asegurar que estos cabecillas “no llegarían a un hotel” y que todo estaba bajo control. Sin embargo, horas después, dio un reversazo tras encontrar serias contradicciones en el equipo negociador y vacíos en los acuerdos alcanzados. Aunque el funcionario evitó detallar cuáles eran esas inconsistencias, lo cierto es que los traslados quedaron suspendidos.
SEMANA consultó fuentes cercanas al proceso, quienes confirmaron que Jorge Eliécer Díaz Collazos, alias Castor, máximo jefe de Los Costeños, sí había aceptado las condiciones impuestas por el Gobierno Petro. “Se comprometió a entregar resultados concretos en reducción de homicidios y extorsiones. Hubo entrevistas con personal de la Dirección Nacional de Inteligencia y, para ese caso, todo estaba listo”, aseguró una fuente con conocimiento directo de las conversaciones.
El escenario fue completamente distinto con Digno José Palomino Rodríguez, jefe de Los Pepes. Según las mismas fuentes, este cabecilla se negó a aceptar las exigencias del equipo negociador, lo que hacía inviable cualquier traslado. Incluso, es alto el riesgo de que abandone definitivamente la mesa.
“Lo que aún no se entiende es cómo el Ministerio de Justicia había autorizado esos traslados si Digno Palomino todavía estaba en conversaciones con Camilo Pineda y el equipo negociador, porque él no quería comprometerse con la reducción de homicidios y extorsiones. Lo que se cree es que buscaba acuerdos exprés, ya estando en Barranquilla, pero eso no es posible”, explicó la fuente a SEMANA.
La desconfianza es total. Palomino, según personas cercanas a su entorno, ha manifestado abiertamente que “no confía en las negociaciones con el Gobierno nacional”. “Eso es lo que dicen los integrantes de esa banda: que no están confiados en lo que el Gobierno pueda cumplir. Por estas razones, las conversaciones están en un momento extremadamente complejo”, agregó. El malestar no se limita al ámbito criminal. Desde distintos sectores políticos y gremiales del Atlántico han rechazado estas actuaciones del Gobierno, advirtiendo que nunca fueron debidamente socializadas y que se intentó avanzar en decisiones de alto impacto sin consultar a las autoridades territoriales.
“Los diálogos están en crisis, aunque no lo quieran aceptar. Es muy difícil avanzar en un acuerdo con una sola banda cuando hay otros grupos armados observando cómo se reorganizan”, añadió la fuente que sigue de cerca el proceso.
Otro elemento que agrava la controversia es el momento en que se desarrollan estas conversaciones: plena época electoral. Así lo advirtió el experto en seguridad Luis Fernando Trejos, quien lanzó una alerta contundente.
“Existen temores crecientes de que esta mesa persiga resultados electorales y no de seguridad, al no existir un respaldo normativo claro y sin que los habitantes del territorio tengan claridad sobre qué se está negociando ni cuáles son los verdaderos objetivos del Gobierno nacional en este diálogo sociojurídico”, afirmó.
En la misma línea, el politólogo y docente universitario Alejandro Blanco sostuvo que la crisis es evidente. “Al parecer hay intenciones de sostener una desescalada, pero no están dadas las condiciones mínimas de estabilidad. El punto crítico es que el cumplimiento real no depende de los jefes visibles, sino de los mandos medios y las bases. Si ellos perciben incertidumbre, reaccionan para asegurar control territorial como un plan B en caso de que la mesa se venga abajo”, explicó.
Este viernes 16 de enero, Otty Patiño, alto comisionado para la Paz, habría llegado a Barranquilla para sostener reuniones con el alcalde Alejandro Char y el gobernador del Atlántico, Eduardo Verano, con el objetivo de intentar contener la crisis que atraviesan estas conversaciones.
Sin embargo, hasta el cierre de esta edición no se conocían detalles oficiales de lo hablado, mientras la ciudadanía permanece expectante frente a un proceso que, lejos de generar tranquilidad, sigue sumando dudas, tensiones y cuestionamientos.
