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Ocupan bienes de banda que habría explotado sexualmente a mujeres extranjeras en Neiva

Los bienes están avaluados en cerca de 1.500 millones de pesos.


La Fiscalía afectó con fines de extinción de dominio bienes que habrían sido utilizados por una banda para explotar sexualmente a mujeres extranjeras o en condición de vulnerabilidad.

Se trata de seis bienes ubicados en Neiva, departamento del Huila, avaluados en cerca de 1.500 millones de pesos, los cuales quedaron a disposición de la Sociedad de Activos Especiales (SAE) para su administración.

“Los activos afectados con fines de extinción del derecho de dominio están representados en tres inmuebles y tres bares. Las labores investigativas permitieron establecer que las víctimas, supuestamente, eran retenidas controladas y vigiladas en estos inmuebles y explotadas sexualmente en los establecimientos de comercio donde serían obligadas a tener encuentros íntimos con hombres mayores”, indicó la Fiscalía.

De acuerdo con el ente acusador, los presuntos integrantes de la banda delincuencial contactaban las mujeres, muchas de ellas menores de edad, para hacerles falsas ofertas de trabajo como meseras y las convencían de trasladarse a Neiva.

Autoridades aseguran que, después, los delincuentes les quitaban a sus víctimas los documentos de identidad y les imponían supuestas multas por manutención, hospedaje y otros conceptos, las cuales debían pagar con el dinero obtenido de sus actividades sexuales.

Por lo anterior, fueron procesadas varias personas como supuestas responsables de los delitos de trata de personas, inducción a la prostitución, secuestro y concierto para delinquir.

“Esta actividad judicial es posible gracias al trabajo articulado de la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio de la Fiscalía y unidades de la Sijín de la Policía Nacional”, concluyó el ente investigador.

Así se combatirá la trata de personas en Bogotá

La trata de personas es considerada como la tercera empresa criminal con mayor rentabilidad en el mundo, después del narcotráfico y la compra y venta ilegal de armas. Además, es un delito que en Colombia está afectando más a la población migrante y refugiada proveniente de Venezuela.

Según cifras de la Defensoría del Pueblo, equipos de género de esta entidad brindaron atención psicológica y jurídica durante el 2021 a 44 víctimas del delito de trata de personas, y de ellas, el 34 % de los casos las víctimas fueron mujeres venezolanas.

Para contrarrestar este flagelo, el Distrito lanzó hace pocos días la Política Pública de Lucha Contra la Trata de Personas en Bogotá Distrito Capital, 2022-2031, debido a que la capital colombiana es considerada por las autoridades como un lugar de origen, tránsito y destino de trata de personas, especialmente con fines de explotación sexual, trabajos forzados y mendicidad ajena.

Bogotá es la primera ciudad en Colombia en diseñar una política pública para atacar este delito.

En ese sentido, advierten desde la Secretaría de Gobierno de la Alcaldía de la capital que las mujeres entre los 18 y 27 años, así como las migrantes venezolanas, son quienes se encuentran en mayor riesgo de ser víctimas de este delito.

Entre 2021 y el primer trimestre de 2022, en Bogotá se registraron cerca de 65 casos de trata de personas, siendo las mujeres, las mayores víctimas, con 52 casos, mientras que 13 hombres se identificaron como afectados por este flagelo.

Asimismo, la finalidad de explotación con más casos registrados continúa siendo la explotación sexual, con 32 casos, seguida de trabajos o servicios forzados, con once; servidumbre, con seis, y matrimonio servil con dos.

Detallaron que en 14 casos no se especifica la finalidad de explotación. De otra parte, en 38 de los casos la explotación se dio fuera del país (trata externa) y 27 dentro del territorio nacional (trata interna). Aclaran que el registro de casos no denunciados ante las autoridades puede ser mayor a los indicados anteriormente a causa del desconocimiento de la víctima o su temor a retaliaciones y a ser revictimizada.

El secretario de Gobierno, Felipe Jiménez Ángel, resaltó el hecho de que esta política se ponga en marcha con recursos por 117 mil millones de pesos para combatir “uno de los delitos más atroces, que acaba con la dignidad y la voluntad del ser humano”.

“Es el resultado de continuar una idea diseñada y planeada en la administración anterior que nos hace el primer ente territorial que tiene una política pública de esta naturaleza”, indicó Jiménez.

Esta articulación se realiza a través del Comité Distrital de Lucha Contra la Trata de Personas, instancia liderada por la Secretaría Distrital de Gobierno y de la cual forman parte entidades como las secretarías de Seguridad, de la Mujer, Educación, Salud, e Integración Social, Desarrollo Económico, Planeación; Idipron, IDT, Alta Consejería de Paz, Víctimas y Reconciliación, Personería Distrital y Policía Metropolitana de Bogotá.

Asimismo, se cuenta con la participación de entidades como la Fiscalía General de la Nación, Procuraduría General, Sena, Defensoría del Pueblo, ICBF, Ministerio del Interior y Migración Colombia, además de la academia, organizaciones de la sociedad civil y el apoyo reciente de USAID, UNODC, OIM y Consejo Danés.