Esta semana se movió una de las demandas que avanza en el Consejo de Estado contra la elección del contralor General de la República, Jorge Eliécer Laverde Vargas. Un magistrado fue declarado impedido en el proceso que busca anular su elección por supuestas infracciones de normas en las que se debía basar el acto y la configuración de una causal de nulidad electoral.
Todo comenzó cuando el magistrado Omar Joaquín Barreto manifestó estar implicado en una causal de impedimento, porque sostiene una “amistad entrañable de muchos años” con el abogado Gustavo Quintero Navas, reresentante legal de la sociedad Asesores Jurídicos y Consultores Empresariales S.A.S, la firma que interviene en este proceso como apoderada de Laverde.
Barreto le manifestó a sus colegas de la Sección Quinta del Consejo de Estado que ha compartido “infinidad de momentos personales y familiares” con el abogado Quintero Navas, dejando claro, además, que ha actuado como su apoderado en “algunos trámites”.
El Consejo de Estado advirtió en la decisión que “la situación fáctica” que expuso el magistrado se configuró con el artículo 141 del Código General del Proceso, el cual establece como causal de impedimento la existencia de una “amistad íntima”, por lo que declararon “fundado” el recurso que presentó Barreto.
Por su parte, la magistrada Gloria María Gómez Montoya también se declaró impedida para conocer y decidir la demanda contra la elección del contralor Jorge Eliécer Laverde, argumentando que la misma firma de abogados Asesores Jurídicos que la representa a ella en los procesos ante la Comisión de Acusación, es la misma que defiende los intereses del contralor General.
Sin embargo, en ese caso los magistrados de la Sección Quinta la declararon “infundada” al precisar no se encontró “establecida la condición de Gustavo Arnulfo Quintero Navas (representante legal de la sociedad) como mandatario legal de la magistrada en el trámite penal”.
Con esa decisión, la suerte de la elección del Jorge Eliécer Laverde como contralor General de la República, será definida por tres de los cuatros magistrados que conforman la Sección Quinta: Pablo Vanegas Gil, ponente del caso, Luis Alberto Álvarez Parra y Gloria María Gómez Montoya.
Esta demanda es uno de los múltiples procesos que enfrenta la elección del contralor Jorge Laverde en la Sección Quinta, donde se han expuesto supuestas inhabilidades por la gestión fiscal en el Congreso, un contrato en ley de garantías y el puntaje por un libro que habría presentado en tiempo récord.