Pese a que todo estaba programado desde hace un mes, a última hora, el presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa Barragán, no se conectó a la audiencia de imputación de cargos en su contra por las presuntas irregularidades en la financiación de la campaña Petro Presidente 2022.
Lo que más extraña a la Fiscalía es que Ricardo Roa solicitó el pasado lunes unas vacaciones y una licencia no remunerada en la estatal petrolera. Todo esto en medio de varios señalamientos en su contra que han derivado en dos procesos penales.
Fuentes de la Fiscalía General advirtieron que el presidente de Ecopetrol solicitó un tiempo para conectarse a la audiencia convocada el pasado 12 de marzo. Sin embargo, después de 40 minutos de espera, el juez 38 de control de garantías decidió cancelar la diligencia y devolver la carpeta al centro de servicios judiciales de Paloquemao.
De esta forma, advirtieron desde el ente investigador que el argumento para no asistir a la diligencia fue que a Ricardo Roa se le presentó una dificultad que le hizo imposible comparecer a la audiencia judicial.
Por esta razón, en los próximos días se deberá fijar una nueva fecha para la crucial audiencia.
Las pruebas contra Roa
Para la Fiscalía General, en el año 2022, cuando fungía como gerente de la campaña Petro Presidente, Ricardo Roa Barragán incurrió en varias irregularidades a la hora de presentar los registros de las fuentes de financiación ante los respectivos organismos.
El fiscal de la Unidad de Delitos Electorales consideró que, tras hacer una revisión de las cuentas enviadas por la campaña presidencial, simplemente hay datos que no concuerdan y otros que no tienen un sustento claro.
Una de las conclusiones clave en la imputación se refiere a las maniobras que se hicieron para no superar los topes exigidos por el Consejo Nacional Electoral (CNE), tanto para la primera como para la segunda vuelta.
En este punto central se redujeron considerablemente valores, se modificaron facturas y cambiaron gastos. Esto, presuntamente, para ajustarse a los montos que establece claramente la ley.
Tras realizar una minuciosa investigación, establecieron que los gastos reportados por la Colombia Humana no corresponderían a la realidad.
En la imputación se presentaron los informes de inspecciones a los sitios, proveedores y entidades que, de acuerdo con los propios informes, guardaban los soportes de servicios prestados a la campaña presidencial Petro Presidente 2022.
Para esto, se revisaron los documentos de la Dirección de Impuestos y Aduanas (Dian), así como las facturas de los hoteles, las empresas de transporte y logística que, según los investigadores, fueron los encargados de prestar servicios, asesoría y hasta vigilancia en el marco de la campaña presidencial.
Esas inspecciones del ente acusador observaron que lo redactado por el partido político en esos informes, presuntamente, fue muy distinto a lo que habría ocurrido durante la correría política.
Las entidades y empresas explicaron a los investigadores que las facturas presentadas en los informes tenían sustanciales diferencias con lo consignado en sus archivos o estaban ubicadas en tiempos diferentes. Facturas de hoteles usadas en la segunda vuelta quedaron en los reportes de gastos de la primera.