El coronel Benjamín Núñez, comandante operativo de la Policía en Sucre, está en la mira de las autoridades tras ser señalado de participar en la muerte de los tres jóvenes Carlos Alberto Ibáñez, Jesús David Díaz Monterroza y José Carlos Arévalo, en el corregimiento de Chochó, en Sincelejo.
Este lunes un juez, acogiendo la petición de la Fiscalía, ordenó dictar órdenes de captura contra Núñez y 10 uniformados más por estos hechos. En horas de la noche, la Fiscalía confirmó que todas las órdenes de detención ya se hicieron efectivas, menos, la que cursa en contra del coronel. Igualmente, se conoció que, a través de los conductos de cooperación internacional, se solicitó una orden de captura internacional, conocida como la circular roja de Interpol, para detener a Núñez en cualquier país del mundo.
“La Fiscalía, en el marco de la defensa de los derechos humanos y de las víctimas, ha materializado con el apoyo de la Policía Nacional, 10 de las 11 órdenes de captura ordenadas. Resta por concretarse la captura del coronel de la Policía Nacional, Benjamín Núñez, contra quien fue expedida una circular roja de la Interpol”, señaló el ente acusador.
Cabe recordar que en los últimos días dos miembros de la Policía señalaron al coronel Núñez de asesinar a sangre fría a los jóvenes. Núñez decidió salir del país. Primero tomó un vuelo comercial a Panamá y luego a México, según las autoridades, aprovechando que en ese momento no tenía ningún requerimiento judicial. El oficial estaría en Ciudad de México, huyendo de la justicia colombiana.
Es por eso que en los últimos días, las autoridades colombianas están trabajando con ese país para dar con su paradero y poderlo capturar y enviarlo a Colombia para que responda por estos crímenes.
La familia de Núñez aseguró en días pasados que no pretende huir de la justicia, solo espera garantías de seguridad para enfrentar el proceso mientras debe sortear situaciones de riesgo, que dejó consignadas en un documento en el que asegura que los delincuentes en Sucre ofrecen hasta 50 millones de pesos por su cabeza.
“He sido estigmatizado por mi trabajo, por una parte de estas bandas, siendo informado que en el seno de la sociedad y redes sociales se ofrecen 50 millones de pesos por mi cabeza; se escucha en la ciudad que se dará 50 millones de pesos al que se baje a ese calvo hijueputa y entregue su cabeza”, dijo el coronel Núñez en el documento.
Estremecedores audios
“Cuando disparó, hasta sangre me salpicó en el uniforme”, señala una declaración que entregó un patrullero de la Policía, en el departamento de Sucre, para culpar al coronel de asesinar a sangre fría a tres jóvenes en esa zona del país. Dicho expediente fue revelado por SEMANA.
Los audios, que están en ese expediente, recrean el angustioso instante en el que la Policía captura a los jóvenes, quienes después llegaron sin vida a un hospital de Sincelejo. Se trata, al parecer, de comunicaciones por radio en las que una mujer grita desesperada para que alguien se arroje al piso, luego se escucha la voz de un hombre con una aterradora orden: mátenlos.
- Mujer: Quieto, quieto ahí… al piso.
- Hombre: Mátenlo, a esos hijueputas, mátenlos.
La mujer, angustiada, da la orden de tirarse al suelo, luego da indicaciones de dónde se encuentra. La otra persona que habla es un hombre, quien la tranquiliza mientras le advierte que va en su apoyo.
- Mujer: Central, central, en toda la Y de Chochó, toda la Y. Los dos cruces sobre la vía.
- Hombre: Ya le llegó, ya le llegó, mujer.
Las evidencias, que incluyen informes de Policía, audios, inspecciones, declaraciones, minutas, reportes y, sobre todo, contradicciones, llevaron a los investigadores a concluir, con muy poco espacio de duda, que a 10 minutos de la ciudad de Sincelejo, por una trocha y con las armas del Estado, se perpetró un falso positivo.
La crónica de esta condena a muerte, que recayó en la humanidad de Carlos Alberto Ibáñez, Jesús David Díaz Monterroza y José Carlos Arévalo, las tres víctimas, arrancó con otro hecho de sangre: el asesinato, a manos del Clan del Golfo, del joven patrullero Diego Ruiz, quien llevaba apenas un mes en la institución. “Ni siquiera había cobrado su primer sueldo”, contaron sus compañeros.
Una vez se conoció el crimen del uniformado, la orden en los reportes de la Central de Radio de la Policía fue capturar a los responsables. Se dispuso de un plan candado y la ubicación de los criminales, que, se dijo, iban heridos. Toda la Policía de la zona inició la búsqueda, pero fue la de Infancia y Adolescencia la que interceptó a tres jóvenes sospechosos.
Fue en un sitio conocido como La Garita, un punto de intersección que comunica, por cada extremo, el corregimiento de Chochó, los municipios de Sampués, Sincelejo y Corozal. De inmediato, el sitio se inundó de uniformados de todas las especialidades: Goes, Gaula, vigilancia, Sijín.
Estaba también el comandante, el coronel Núñez, quien asumió el control del caso. Fue la última vez que vieron con vida a los tres jóvenes.
Las dudas
La hipótesis de lo ocurrido en Sucre, contada por los uniformados que estaban en el sitio y que participaron en la captura de los jóvenes, se desbarató en la primera semana de investigación. Los informes redactados por los policías, explicando los hechos, se convirtieron en una patraña que la Justicia Penal Militar descubrió con solo escuchar en declaración a los mismos uniformados.
El patrullero Uber Guillermo Mieles, del grupo de Infancia y Adolescencia, dejó en su escrito, entregado dos días después de los hechos, que luego de interceptar dos motocicletas en el sector de La Garita se percató de que los tres jóvenes iban “gravemente heridos”, por eso pidió apoyo para su traslado. Sin embargo, en las declaraciones posteriores, la historia contada por sus compañeros de patrulla es muy diferente.
Los tres jóvenes no estaban heridos de gravedad, solo uno tenía un disparo en una pierna, los otros estaban intactos.
Así lo confirmaron en las diligencias de declaración que conoció SEMANA y que son parte del expediente en poder de la Fiscalía. La conclusión no solo advierte que el primer informe está plagado de mentiras, sino que los jóvenes estaban con vida antes de ser trasladados por la Policía.
Lo mismo ocurrió con los informes rendidos por la subteniente María Camila Buriticá del CAI Ford, y un subcomisario encargado de la estación de Policía en el municipio de Sampués, donde fue asesinado el patrullero.
Los datos consignados fueron desmentidos por quienes rindieron las diligencias de declaración. Hay dudas sobre un supuesto cruce de disparos una vez asesinaron al patrullero Ruiz y que supuestamente dejó heridos a los asesinos.
La versión del patrullero conductor de la camioneta de la Policía, en la que montaron a los tres jóvenes aún con vida, advierte que recibió la orden de alterar la ruta, que se supone era la más rápida para llegar a Sincelejo y al hospital. La orden provino, según el uniformado, del coronel Benjamín Núñez, tras advertir de un bloqueo en la vía. La investigación reveló que esto también era falso.
Un dato que llamó la atención en el curso de la investigación está en los reportes y seguimientos a los vehículos de la Policía que participaron en el procedimiento. Se supone que todos los carros tienen un sistema de GPS, pero, curiosamente, las camionetas del coronel Núñez y la subteniente Buriticá no lo tenían, así que no se pudo hacer el rastreo en estos dos casos.
Delitos imputados a los policías capturados
En el marco de la investigación por los hechos, la Fiscalía señaló que adelantó 196 actividades de campo, criminalística y forense, que respondieron a más de 44 órdenes de policía judicial que incluyeron la inspección técnica a cadáver y las necropsias medicolegales, que confirmaron la causa y forma de las muertes.
“Fueron analizados 34 videos de cámaras de seguridad, se adelantaron búsquedas en bases de datos, estudios a las camionetas incautadas, y recolección de más de 23 evidencias e inspección mediante luces forenses en los vehículos”, explicaron los investigadores.
En las próximas horas la Fiscalía presentará ante jueces de control de garantías a los uniformados capturados para imputar delitos por homicidio, tortura y privación ilegal de la libertad. La defensa de los implicados aseguró que ellos se presentaron a las instalaciones de la URI, como muestra de su deseo por responder ante la justicia.