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| 11/3/2018 3:05:00 PM

Crónica de una foto histórica en el Congreso

Así se cocinó la exótica reunión entre Uribe, Petro, Cepeda y los también congresistas del partido Farc. ¿Qué le espera a la JEP tras el pacto suscrito y qué entraña que los principales adversarios políticos del país por fin conversen?

Uribe, Petro, Cepeda y las Farc: crónica de una foto histórica El Centro Democrático, encabezado por Álvaro Uribe, aceptó reconocer la JEP a cambio de mantener con vida el proyecto legislativo con que se busca reformarla.

Cuando el país suponía que ya lo había visto todo por parte del Congreso de la República, ocurrió lo inimaginable: un acto de grandeza política. O, por lo menos, una secuencia fotográfica que alienta la esperanza respecto a la posibilidad de que los principales adversarios dialoguen y construyan consensos en torno a uno de los temas más álgidos del debate nacional, la justicia especial para la paz.

Puede ver: Uribe y Farc, la mesa de negociación del Capitolio

La postal de Álvaro Uribe y sus alfiles en diálogo sereno con Gustavo Petro, Iván Cepeda, Roy Barreras, Rodrigo Lara, Juanita Goebertus y los congresistas de la extinta Farc es de no creer. El improbable encuentro tuvo lugar el martes pasado en la sala adjunta a la presidencia del Senado y fue mucho más que un instante de ensueño. La reunión se prolongó por cerca de siete horas, desde la una de la tarde hasta casi las ocho de la noche. Esa mañana, la senadora Paloma Valencia, del Centro Democrático, ponente de una reforma severa a la JEP, llegó para jugarse la última oportunidad de salvar su proyecto: “Está apretado, pero tiene vida”, aseguró poco antes de que la Comisión Primera iniciara la sesión.

La oposición, salvo el Polo, accedió a darle continuidad al proyecto pero este no tendrá los alcances iniciales.

En realidad el proyecto estaba en el limbo. Se trataba de una reforma constitucional que proponía crear una sección autónoma con magistrados especiales para juzgar a los militares dentro de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). A pesar de que la iniciativa tenía de padrinos a Álvaro Uribe y a Germán Vargas, requerían los votos de otros sectores para consolidar la mayoría necesaria. El martes algunos cálculos estimaban que tenían los votos, otros que no.

Entonces el senador de La U, el médico Roy Barreras, tuvo la idea de darle al uribismo una dosis de su propia medicina, es decir, los partidos de oposición se dispusieron a abandonar el recinto para dañar el quorum. La misma estrategia que solía usar durante el gobierno anterior el hoy partido oficialista. En este caso, la salida estratégica pondría la lápida al proyecto en cuestión, pero ante la inminencia del colapso, Uribe abandonó su silla en la Comisión Séptima y apareció en la Primera.

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Su presencia trastocó todo. Los senadores Luis Fernando Velasco e Iván Name propusieron un receso para tratar de dialogar. Decretada una pausa de dos horas, vino lo más interesante. El encuentro a puerta cerrada –nunca antes ocurrido– entre Álvaro Uribe, Paloma Valencia y María Fernanda Cabal con Gustavo Petro, Iván Cepeda, Roy Barreras y congresistas del partido Farc como Victoria Sandino, Pablo Catatumbo y Carlos Antonio Lozada. Estaban también la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, y el ministro de Defensa, Guillermo Botero, pero Uribe llevó la batuta.

Valencia arrancó para recordar el triunfo del No en el plebiscito y agregó que tras esto vino el triunfo de Iván Duque con la promesa de que “ni trizas ni risas” frente a los términos del acuerdo de paz con las Farc. La senadora señaló que su proyecto de reforma a la JEP se basaba en esa realidad política. Luego, con tono más sereno, intervino su compañera Cabal y martilló sobre lo mismo. Hubo varias réplicas. Así, con poco orden, discurrió la parte inicial del encuentro, hasta que Uribe habló.

El expresidente puso sobre la mesa tres puntos concretos para discutir: 1. La introducción a la JEP de nuevos magistrados que brinde mejores garantías a los miembros de la fuerza pública. 2. Revisar el esquema de confesión a cambio de alivios judiciales porque ello, aseguró, genera falsas autoincriminaciones. 3. Ajustar el régimen de sanciones que contempla la JEP para expolicías y exmilitares.

Para Petro, es un éxito que el uribismo reconozca la JEP y que el proyecto ya no contemple "vulnerar la verdad que aguardan las víctimas".

Ante esto, el senador Rodrigo Lara (de Cambio Radical, pero crítico del proyecto) tocó un tendón. Señaló que realmente el uribismo no estaba preocupado por la suerte de los militares en la JEP, sino por las delaciones que de allí se pudieran desprender. Señaló que eso explicaba la presencia de un mico en el proyecto según el cual, en defensa del honor marcial, la libertad de los procesados no estaría condicionada a que confesaran la verdad. “Se busca brindar una sanción menor a los militares, de cinco o seis años, bajo la premisa de que no tienen que contar nada, no hablar de ningún político e irse con su sanción para la casa”, aseguró Lara.

Otras voces argumentaron que el proyecto, antes que proteger a los militares, les generaría inseguridades y recordaron que al tiempo que transcurría la reunión, el fiscal adjunto de la Corte Penal Internacional, James Stewart, estaba en Colombia para observar el trabajo adelantado por la JEP e indagar por los procesos contra los altos militares que permanecen bajo la lupa de ese tribunal internacional. A su turno, el senador Julián Gallo, más conocido con su antiguo alias de Carlos Antonio Lozada, dijo que la paz no se trataba de “intercambiar impunidades” por lo que rechazó de plano la idea de hacerle más ajustes a la JEP.

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Poco a poco, la discusión, con argumentos de lado y lado, llevó a acotar el asunto hasta salvar el proyecto, pero significativamente restringido. Pactaron introducir a la JEP 14 nuevos magistrados expertos en derecho operacional, escogidos por un comité interinstitucional. Pero no integrarán una unidad aparte, sino que se sumarán, de a dos, a las tres Salas (cada una hoy de 18 magistrados) y cuatro Secciones (20 magistrados) que conforman la jurisdicción de paz. Así mismo, el Tribunal para la Paz deberá contar con pruebas adicionales, distintas a la confesión, para emitir sentencias condenatorias. La promesa de que el proyecto seguirá su trámite –le faltan siete debates–, reducido a esos puntos acordados, quedó suscrita en papel y grabada en video. El pacto, sin embargo, tiene varias salvedades. El uribismo puede insistir en sus puntos a través de nuevos proyectos. Y la discusión sobre el número de nuevos magistrados, 14 de momento, quedó abierta. Al respecto, el expresidente ya dijo: “Nuestra aspiración sería paridad”. Actualmente, 38 magistrados conforman la JEP.

Victoria Sandino, María Fernanda Cabal y Iván Cepeda. 

A la salida de la reunión, Gustavo Petro, el más fuerte contradictor de Uribe, calificó el acuerdo de imperfecto, pero valioso porque “logra la legitimidad afirmativa de la JEP por parte del Centro Democrático”. Para el excandidato presidencial es un éxito que el uribismo reconozca la JEP y que el proyecto ya no contemple “vulnerar la verdad que aguardan las víctimas”. No piensa lo mismo el Polo Democrático, único partido que se negó a votar el proyecto (aprobado por 19 votos contra 1). El senador Iván Cepeda considera un error suscribir un acuerdo que parte del supuesto de que la JEP no tiene legitimidad.

Antes nadie imaginaba una reunión cordial entre el agua y el aceite de la política colombiana. Que el milagro ocurra y continúen las diferencias es apenas obvio. No por ello la fotografía deja de ser una postal para enmarcar. Ojalá se trate de la primera de una serie que dé cuenta de un país donde anular al adversario sea un método proscrito y del pasado. 

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