Luego de las explosivas revelaciones de Eva Ferrer en entrevista con Vicky Dávila, en la más reciente edición impresa de SEMANA, un veedor ciudadano demandó ante el Consejo de Estado por pérdida de investidura al senador del Pacto Histórico Agmeth Escaf.
La petición ante el alto tribunal fue interpuesta por el presidente de la Veeduría Ciudadana Nacional, Control Social y Efectivo (VER-CONTROL) Juan Carlos Calderón España.
Según el veedor, el Senador habría incurrido en la causal de tráfico de influencias prevista en el numeral 5 del artículo 183 de la Constitución Política, según lo denunciado por Eva Ferrer.

“La señora Ferrer afirmó que el entonces representante Escaf Tijerino y el señor Mario Fernández Alcocer, primo de la ex primera dama Verónica Alcocer, formaban parte del círculo cercano de esta y ejercían control sobre entidades públicas del orden nacional durante el gobierno Petro”, se lee en la demanda.
La exasesora de Verónica Alcocer reveló en la entrevista con Vicky Dávila que Escaf y Mario Fernández tuvieron en algún momento control en el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.

“Se apoderan del ICBF. Hacen sacar a esta señora (Concepción Baracaldo). Acaban sacando también a la subdirectora del Dapre, que termina siendo Luz Karime (Fernández), que luego acaba siendo la consejera de Reconciliación. Esa es la ficha de Mario (Fernández Alcocer). Se meten en ProColombia. Carmen Caballero sufre un acoso constante de Mario Fernández Alcocer, de Agmeth y de Manel”, dijo Ferrer.
En ese entonces, según la exfuncionaria, Escaf se desempeñaba como representante a la Cámara por el Atlántico, en el período 2022-2026.

“Habría tenido injerencia, junto con personas del círculo cercano de la entonces primera dama, en entidades como el ICBF, el Departamento Administrativo de la Presidencia y ProColombia, incluida la salida de algunos de sus directivos, y estaría vinculado a movimientos de dinero provenientes de Venezuela”.
Ferrer reveló que el círculo cercano de Verónica Alcocer habría tenido injerencia en otras seis entidades del gobierno nacional: Ecopetrol, el Banco Agrario, la Sociedad Portuaria de Cartagena, la Agencia Nacional de Infraestructura, ANI, el Fondo Adaptación y el Icetex. Además, que hubo intereses en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) donde se desarrolló quizá el más grave escándalo de la administración Petro.

El veedor solicitó al Consejo de Estado citar como testigo a Eva Ferrer, tener como prueba la entrevista publicada, recibir el testimonio de exdirectivas de las entidades mencionadas y oficiar a la Fuerza Aérea, la Presidencia de la República, el Consejo Nacional Electoral y otras autoridades para que aporten la información pertinente. También pidió la suspensión provisional del congresista mientras se adelanta el proceso y que finalmente se le inhabilite para ser congresista.