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Estos son los alcaldes encargados que reemplazarán a los mandatarios envueltos en escándalo por el caso Mario Castaño

Aún siguen los procesos judiciales para los exacaldes.


La Gobernación de Caldas designó a los alcaldes encargados de La Merced, Santiago Castro Carmona; de Aguadas, Ana Cristina Soto Ríos; y Villamaría, Lina Patricia Llano Díaz; bajo los decretos 380, 381 y 382 del 19 de agosto de 2022, de manera transitoria, luego de las renuncias de los mandatarios titulares, quienes enfrentan un proceso jurídico.

¿Quiénes son los alcaldes encargados?

Para el municipio de Aguada, será la abogada Ana Cristina Soto Ríos, quien se desempeña como secretaria de Gobierno del municipio. La nueva alcaldesa ha trabajado como líder jurídica en una empresa privada y también ha laborado en la Personería Municipal.

La Merced tendrá a Santiago Castro Carmona como alcalde encargado. Es ingeniero civil y se desempeña como secretario de Planeación y de Salud de ese municipio. El profesional es especialista en ingeniería hidráulica y ambiental, también ha trabajado como interventor en vías y como funcionario de la Secretaría de Planeación de Manizales.

Lina Patricia Llano Díaz estará encargada de la alcaldía de Villamaría, es especialista en Desarrollo Gerencial y en Gestión de Proyectos. La funcionaria es la secretaria de Educación y de Deporte de su municipio. Se ha desempeñado como jefe de Servicios Administrativos de la Terminal de Transportes de Manizales, profesional especializada en la Secretaría de Gobierno de Caldas y ha estado encargada de la Alcaldía de Villamaría en varias oportunidades.

Alcaldes de municipios de Villamaría y La Merced, Caldas, tendrán detención domiciliaria

El alcalde del municipio de La Merced (Caldas), Jhonattan Vásquez, y el mandatario local de Villamaría, Andrés Felipe Aristizábal fueron cobijados con la medida de aseguramiento carcelario luego de que el Juzgado 35 de control de garantías de Bogotá avalara su preacuerdo con la Fiscalía.

Los dos mandatarios locales están vinculados con el escándalo de corrupción del senador Mario Castaño, así como otra decena de alcaldes de varios municipios del país.

De acuerdo con el juzgado 35 de Control de Garantías de la ciudad de Bogotá, en el caso del mandatario de La Merced, este fue condenado a 54 meses de prisión domiciliaria luego de presentar su renuncia al cargo.

Por su parte, el alcalde de Villamaría también tendrá medida de prisión domiciliaria, aunque no se ha dicho cuánto es el tiempo que tendrá que pasar en la cárcel.

Vale la pena recordar que en el Día de la Lucha Contra la Corrupción, el fiscal Francisco Barbosa aprovechó un evento de la Corte Suprema de Justicia para advertir que son 33 las personas, entre contratistas y funcionarios públicos, judicializados por su presunta vinculación con la red criminal que lideró el senador Mario Castaño. Cuatro alcaldes aceptaron cargos.

El fiscal Barbosa aseguró que esta investigación, por los hechos de corrupción que enredan al senador Mario Castaño, completó tres fases en la Fiscalía, y en la más reciente fueron judicializadas 21 personas por irregularidades en contratos que terminaron beneficiando el bolsillo del congresista, también capturado por orden de la Corte Suprema de Justicia.

“Al parecer y direccionado la contratación en unos espirales específicos y en tres fases que lleva este proceso, se han capturado, judicializado y obtenido medidas de aseguramiento contra 33 personas de esta red. Se indagaron 114 contratos que alcanzaron un monto de 112.000 millones de pesos”, dijo el fiscal.

En los últimos operativos de captura en contra de funcionarios y contratistas enredados en los hechos de corrupción, al menos siete son alcaldes de municipios en departamentos como Caldas, Valle, Cauca y Risaralda. Fueron detenidos por su presunta vinculación en el entramado criminal para quedarse con los recursos públicos.

Sobre esta tercera fase de la investigación, el fiscal Francisco Barbosa advirtió que cinco de las personas judicializadas, aceptaron cargos, entre ellos mandatarios municipales que fueron capturados en los operativos y que en criterio del fiscal “reconocieron su actitud de delincuentes”.