En Medellín no solo se contratan asesinatos: se tercerizan crímenes a escala internacional y se pagan con criptomonedas para borrar el rastro del dinero. Detrás de fachadas discretas y apartamentos modestos opera una red de sicariato transnacional que ejecuta homicidios por encargo, coordina operaciones con mafias extranjeras y recibe pagos millonarios en bitcóin y otros activos digitales. La capital antioqueña, marcada históricamente por la violencia del narcotráfico, vuelve a quedar expuesta como plataforma de exportación de servicios criminales.
Eso quedó al descubierto tras un operativo realizado el 10 de febrero en un modesto apartamento de la carrera 76 n.° 89-09, en el barrio Kennedy, comuna 7-Robledo, en el noroccidente de Medellín. Lo que parecía un procedimiento rutinario terminó revelando indicios de una estructura que combina armas, santería, tecnología y conexiones internacionales.
En esa vivienda, además de la captura de nueve personas, entre ellas una mujer, las autoridades encontraron altares de santería, ocho armas de fuego, 29 teléfonos celulares (varios con líneas internacionales), tres computadores y dos tablets. El hallazgo no solo constató la magnitud logística del grupo, sino su capacidad de comunicación con contactos fuera del país.
“La Oficina, por ejemplo, ya no funciona de manera vertical. Acá hay tres grandes cabecillas, dos de ellos presos y sentados en diálogos de la paz total”, le dijo a SEMANA una fuente que conoce “como la sala de su casa” el funcionamiento interno de estas organizaciones.
Según esa fuente, que pidió reserva de su identidad, esos tres cabecillas tienen alrededor de ocho grandes delegados en las calles. Son ellos quienes se reparten la ciudad, controlan las rentas ilegales y autorizan o cobran por cada golpe que ejecuta un delincuente o una banda. No se trata de una estructura piramidal clásica, sino de un entramado más flexible, con nodos autónomos que operan coordinadamente.
El modelo no es nuevo. En febrero de 2012, cuando la Dijín capturó a Franklin Vargas Cardona, hermano de alias Sebastián, entonces cabecilla de La Oficina y hoy preso en Estados Unidos, le hallaron en su apartamento elementos de santería, bebedizos para la práctica del yagé y un papel escrito a mano que decía: “Pa, perdone a los pelaos de la vuelta del carro de valores, ellos no sabían que tenían que pedir luz verde para esa vuelta”.
La nota revelaba la lógica interna de la organización: incluso para robar un carro de valores se requería autorización superior. Franklin ya pagó 16 años de prisión y hoy está en libertad, pero la estructura que representaba no desapareció; evolucionó.
“En Medellín hay una cofradía de bandas que no funciona de manera piramidal, sino de forma horizontal. Cada uno tiene control territorial, se alimentan entre ellos y acuerdan cobros por hechos delictivos que sus redes de sicarios ejecutan”, explicó la fuente consultada por SEMANA. Así, los tres grandes cabecillas mantienen influencia en distintas zonas estratégicas. Uno intenta controlar Manrique, Villahermosa y Campo Valdés, aunque en el último año ha enfrentado vendettas internas que les han costado la vida a hombres como alias Adiel, reflejo de las disputas por poder y rentas ilegales.
Otro jefe mueve sus hilos en Robledo, la comuna 13 y San Cristóbal; otro en Doce de Octubre y Castilla; y uno más en La Milagrosa, El Salvador y Buenos Aires. Cada zona representa no solo control territorial, sino acceso a economías ilegales y a redes de sicarios disponibles para “servicios” específicos.
Y hay uno particularmente poderoso, considerado en el bajo mundo como el enlace con mafias transnacionales que, según el alcalde Federico Gutiérrez, se tomaron el Parque Lleras, en la comuna 14-El Poblado, así como Envigado y Sabaneta. Esa zona, epicentro de la vida nocturna y turística, habría servido también como punto de contacto entre estructuras locales y organizaciones extranjeras.
De acuerdo con la fuente, este hombre habría coordinado a los sicarios vinculados con la oficina “prémium” allanada en Robledo para ejecutar el asesinato de Jonathan Acebedo, un informante de alto valor del FBI que fue acribillado con cinco disparos en inmediaciones del mall Indiana. Por ese crimen se ofrecieron inicialmente 5 millones de dólares.
Sin embargo, según testimonios en poder de autoridades estadounidenses, citados por prensa en Canadá, el pago final habría sido de 500.000 dólares en criptomonedas, equivalentes a unos 1.800 millones de pesos. El uso de activos digitales habría permitido mover el dinero sin dejar huella bancaria tradicional.
El puente hacia los gatilleros –quien habría coordinado cada movimiento logístico– sería, según la fuente consultada por SEMANA, otro delincuente de alto perfil que, pese a haber sido capturado y condenado por concierto para delinquir, hoy está en libertad.
Este medio se abstiene de publicar su nombre. Es reconocido por su habilidad para corromper funcionarios en la Policía, el Ejército y la Fiscalía, y en su momento fue considerado la tercera persona más buscada de la llamada Oficina. Agentes en Colombia y federales en Estados Unidos siguen sus pasos, a la espera también de la información que pueda aportar el exatleta olímpico canadiense Ryan Wedding, quien se entregó en México y fue extraditado a Estados Unidos.
Wedding fue señalado por Tommy Demorizi, antiguo aliado convertido en informante tras su captura en febrero, de haber coordinado la ubicación y posterior asesinato de Acebedo en Medellín. Las autoridades analizan si desde Canadá se activaron contactos locales que terminaron ejecutando el homicidio en territorio colombiano. El exatleta, que participó en los Juegos Olímpicos de Invierno de 2002 en Salt Lake City, habría tejido una red que combinaba narcotráfico, proxenetismo y sicariato. Entre sus personas de confianza figuraba Carmen Yelinet Valoyes Flórez, colombiana detenida en México, señalada de dirigir una red de acompañantes de lujo.
A esas mujeres, según versiones en investigación, Wedding les habría ofrecido altas sumas de dinero provenientes del narcotráfico en Canadá, así como cirugías estéticas, en una mezcla de poder económico y manipulación. Valoyes, oriunda del Chocó, se movía con facilidad en Medellín, donde presuntamente fueron contratados los sicarios que asesinaron a Acebedo. Incluso, habría sido el nexo para que Wedding conociera a su pareja sentimental, otra colombiana también detenida.
Pero el caso Acebedo no sería el único. Según el alcalde Federico Gutiérrez, una fuente no judicial advirtió que la red también estaría relacionada con el asesinato de Horacio Pérez Ledezma, ciudadano mexicano de 54 años que aparentemente comerciaba productos tecnológicos y que habría sido ultimado por una vieja deuda con narcotraficantes.
El hombre fue baleado en Provenza. Sin embargo, la fuente consultada por SEMANA aseguró que ese crimen no habría sido coordinado directamente por la red local, sino “subcontratado” desde Bogotá. El papel de los capos en Medellín habría sido otorgar el permiso para que la ejecución se realizara sin interferencias. Por ese homicidio, la Fiscalía acusó a Élder José Arteaga Hernández, alias el Costeño, capturado también por su presunto rol en el magnicidio del candidato presidencial Miguel Uribe Turbay.
“Viajó desde Bogotá y hay evidencias de su participación, en un video que forma parte del proceso judicial. Se ve cuando se acerca al cadáver del mexicano e intenta quitarle un lujoso reloj diamantado. No lo logra porque el aparato tenía un broche especial, y que se lo quitaran era una de las exigencias de quienes ordenaron el crimen”, reveló la fuente.
Para el alcalde Gutiérrez, será determinante no solo el contenido de los 29 celulares, los computadores y las tablets incautadas en Robledo, sino también los análisis balísticos a las ocho armas decomisadas.
“Se habla de exportación de servicios criminales o de delitos activos. No necesariamente todos los sicariatos se realizaron acá, sino en otras ciudades del mundo. Existen presuntas conexiones internacionales. Es importante revisar cómo algunos homicidios ocurridos en Medellín, con víctimas extranjeras, posiblemente fueron determinados por estas personas”, explicó el mandatario al referirse a los nueve capturados.
En la lista de asesinatos que la fuente no judicial atribuyó a esta red también figura el de Arthur Tushi, el albanés masacrado en inmediaciones del centro comercial Santa Fe, en El Poblado, en medio de otro ajuste de cuentas entre narcos, por el cual está detenido un ciudadano venezolano.