La Alcaldía de Medellín comenzó la demolición de una vivienda relacionada con la historia de Pablo Escobar, que durante años permaneció abandonada y se convirtió, según las autoridades, en un punto de preocupación por problemas de seguridad y convivencia. El inmueble está ubicado en el barrio El Diamante n.° 2, en la comuna de El Poblado.

La intervención fue anunciada por el alcalde Federico Gutiérrez a través de su cuenta en X, donde aseguró que la ciudad no puede permitir que espacios asociados al narcotráfico sean utilizados para exaltar a figuras criminales. “¡En Medellín no glorificamos delincuentes ni hacemos apología del narcotráfico!”, manifestó el mandatario.
De acuerdo con la administración distrital, la propiedad habría sido utilizada para el consumo de drogas y licor, la realización de actos sexuales y presuntos rituales satánicos. Además, las autoridades señalaron que el lugar era frecuentado en actividades relacionadas con el narcoturismo y la exaltación de la figura del antiguo jefe del cartel de Medellín.
Gutiérrez sostuvo que la demolición busca recuperar espacios para la tranquilidad de los habitantes y evitar que estos lugares continúen asociados con actividades que afectan la convivencia y la seguridad de los ciudadanos. En su publicación, afirmó que la ciudad no dará lugar a prácticas que promuevan o glorifiquen el delito.
¡En Medellín no glorificamos delincuentes ni hacemos apología del narcotráfico!
— Fico Gutiérrez (@FicoGutierrez) October 13, 2026
Iniciamos la demolición de una casa vinculada a Pablo Escobar, en El Poblado, que durante años fue utilizada para el consumo de drogas, presuntos rituales satánicos y narcoturismo.
Recuperamos… pic.twitter.com/hjZkac8NvR
El inmueble se encuentra en un lote de 1.854 metros cuadrados y su historia está relacionada con el entorno familiar del narcotraficante. Según los antecedentes dados por la Alcaldía, la propiedad fue adquirida en 1979 por Victoria Eugenia Henao, esposa de Escobar.
Años después, en 2004, la Fiscalía General de la Nación impuso una medida cautelar sobre el predio. En 2018, tras el proceso de extinción de dominio, pasó al Fondo para la Rehabilitación, Inversión Social y Lucha contra el Crimen Organizado (Frisco), administrado por la Sociedad de Activos Especiales (SAE). La decisión quedó confirmada mediante una sentencia de 2020.
La vivienda permaneció abandonada durante años, pero según las autoridades, esa condición contribuyó a que se convirtiera en un punto que generaba preocupación entre los vecinos del sector, debido a las situaciones reportadas en su interior y a su uso para promover una imagen favorable del narcotraficante.

Para llevar a cabo la intervención, la Alcaldía adelantó gestiones ante la SAE, además, el proceso también contó con un concepto técnico del Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres (DAGRD) y una orden expedida por la Inspección de Convivencia y Paz.
Con el inicio de la demolición, la Administración distrital busca recuperar el espacio y enviar un mensaje contra la glorificación de los responsables de hechos criminales. La actuación hace parte de las medidas anunciadas por las autoridades para enfrentar los problemas de seguridad y convivencia que, según sus reportes, se presentaban en este sitio.
