Cuesta arriba: el Gobierno Petro la tiene difícil para tramitar sus polémicas reformas en el Congreso; esto es lo que le espera en medio de las elecciones locales y regionales

El pasado 20 de julio se instaló la segunda legislatura del cuatrienio en el Congreso. El presidente Gustavo Petro, que al comienzo del periodo tenía mayorías aplastantes en el bolsillo, se encontró con un panorama mucho más complejo, con pocos simpatizantes entre quienes escucharon su discurso en el Salón Elíptico del Capitolio Nacional.

La bancada del Pacto Histórico se vio cada vez más pequeña, aplaudiendo para tapar los abucheos de la oposición cuando el mandatario habló sobre el fin del conflicto entre el Estado y los grupos insurgentes, lo que hizo que un congresista le gritara “mentiroso”.

Sabiendo que empieza un semestre complejo, el mandatario, quien declaró el fin de la coalición oficialista hace pocos meses, bajó el tono confrontacional con las bancadas y propuso un acuerdo nacional para sacar adelante las reformas.

“Un acuerdo nacional afuera en la sociedad. Un acuerdo que pasa por el Congreso, no lo excluye. El Congreso es la expresión condensada del acuerdo nacional que se tramita a través de la ley y de la reforma de la ley”, dijo el mandatario en su discurso. Es la segunda vez que Petro, como mandatario, convoca a un acuerdo nacional. La primera fue durante su discurso de posesión, cuando tendió puentes con todos los sectores para dialogar en torno a su agenda de cambio.

El presidente dio el primer paso hacia un consenso que concuerda con que el Gobierno tiene una agenda ambiciosa para un año legislativo cargado de eventos políticos, enmarcado por las elecciones regionales y obstaculizado por diferencias diametrales con algunas bancadas sobre puntos clave de los proyectos que se tramitan o se presentarán.

David Luna, senador de Cambio Radical, accedió a participar en el diálogo, pero pidió escucha del jefe de Estado. “Suena muy bien y suena bonito, pero hay una gran diferencia entre lo que se dice y lo que se hace. Para hacer un acuerdo nacional no solamente hay que hablar, hay que oír y construir desde el disenso. Le quedará muy difícil al presidente si no conversa con quienes pensamos distinto”, manifestó.

Los congresistas del Pacto Histórico aseguran que el acuerdo viene avanzando desde hace un mes. Luz María Múnera, representante a la Cámara, invitó a la oposición. “Es un año particularmente difícil. Pensamos que Colombia necesita un gran acuerdo nacional y estamos invitando a todo el mundo. No se hace acuerdo con los iguales, sino con los diferentes. Trabajaremos en un diálogo permanente sobre las reformas con todos los congresistas, incluso, con la oposición. El diálogo tiene que ser con el Centro Democrático y con Cambio Radical”, opinó la parlamentaria del Pacto Histórico.

Las intenciones del oficialismo, si bien apuntan a que existe disposición de diálogo, no tienen en cuenta que el Gobierno defiende una serie de puntos no negociables en las reformas que podrían volver a dinamitar cualquier intención de consenso.

Por ejemplo, el aseguramiento completamente público en la reforma a la salud, que se encuentra estancada en segundo debate en la Cámara de Representantes. Son tantas las diferencias que el Partido Liberal y Cambio Radical lideran contrarreformas que buscan incluir los aportes omitidos por el Gobierno nacional.

Asimismo, se volverá a radicar la ley de humanización carcelaria y la de sometimiento, dos pilares importantes de la ‘paz total’ que, por falta de acuerdos, no alcanzaron surtir su primer debate en la legislatura pasada. A pesar de que se modificaron para facilitar su trámite, el fiscal Francisco Barbosa denunció que en la primera se incluyó un narcomico que permite que los cabecillas de organizaciones criminales salgan de la cárcel por medio de un principio de oportunidad.

Otro tema complejo es la reforma laboral, que están ajustando para presentarla en esta legislatura. De acuerdo con la ministra del Trabajo, Gloria Inés Ramírez, llegará “más enriquecida y fortalecida” que la que se hundió el semestre pasado por falta de acuerdos.

Se volvió a radicar la legalización del cannabis de uso adulto, iniciativa parlamentaria de los congresistas Juan Carlos Losada y María José Pizarro. Cuenta con el guiño del Gobierno, pero en un Senado aún más reacio que en la legislatura pasada no tendría mucho futuro.

Por otro lado, los proyectos de reforma a la educación superior, que modifican el derecho y el financiamiento, requerirán un debate extenso que satisfaga a los actores involucrados. El presidente quería que estuviera lista para radicar el 20 de julio, pero apenas se conoció el borrador y la concertación previa podría demorar el trámite legislativo.

Otra iniciativa importante es la reforma a los servicios públicos, que podría ser radicada el próximo 7 de agosto. Esta también está demorada, dado que se encuentra en una etapa temprana de concertación con el gremio. El proyecto traerá consigo detalles polémicos como permitir que comunidades sin experiencia se encarguen de los servicios y la posibilidad de que las empresas tengan que disminuir sus ingresos para beneficiar a los usuarios.

Las tensiones en torno a las reformas prioritarias, como ocurrió en la legislatura pasada, podrían retrasar el resto de proyectos de iniciativa parlamentaria que presentan congresistas de otros partidos. De hecho, cabe la posibilidad de que el ruido de las reformas sociales postergue las demás apuestas del Gobierno otra vez.

La primera derrota

La dificultad de la legislatura se reflejó en la votación para elegir a los nuevos presidentes del Senado de la República y la Cámara de Representantes. Estos son cargos clave que el Gobierno necesita de su lado para facilitar el trámite de su agenda y, en medio de la tensión, Luis Fernando Velasco, ministro del Interior, recorría el Capitolio en busca de apoyos para sus candidatos.

La primera elección fue la de la Cámara de Representantes, en la que el cordobés Andrés Calle, representante liberal cercano al presidente, ganó con aplastantes mayorías. El Ejecutivo hizo todo lo posible para que Julián Peinado, de la línea del expresidente César Gaviria, no se quedara con el puesto. Incluso, según conoció SEMANA, funcionarios del Gobierno amenazaron con quitarles cuotas burocráticas a los partidos si no apoyaban a Calle.

El problema estuvo en el Senado, donde el turno para presidir es de la Alianza Verde. El partido decidió apoyar a Angélica Lozano, quien recibió el guiño del Gobierno. Sin embargo, el senador Iván Name, descartado por la colectividad, decidió postularse de todas formas.

Name, quien no simpatiza con el Gobierno, ganó a voto limpio y con el apoyo de sectores de oposición e independientes. Con 54 votos, 11 más de los que hundieron la legalización del cannabis el semestre pasado, fue elegido presidente del Senado. Cuando se anunció la victoria del senador barranquillero, el ministro Velasco salió inmediatamente del recinto, con la cabeza gacha.

“Es el abrebocas del periodo legislativo. Las mayorías que se conformaron ayer son similares a lo que ocurrió con la votación del Código Electoral y el hundimiento de la legalización del cannabis. No están con el Gobierno. El Senado es independiente, las mayorías no están garantizadas”, dijo Carlos Fernando Motoa, senador de Cambio Radical.

Mientras que la Cámara es terreno propio, el Senado es la principal barrera del Gobierno, donde necesariamente pasarán todas las reformas. La pensional, que surtirá su segundo debate, tiene cita en la corporación en los próximos días.

Adicionalmente, se meten las elecciones regionales, que empiezan de lleno el próximo 29 de julio, en el cierre de inscripciones de candidaturas. Los parlamentarios también estarán en campaña, promoviendo a sus candidaturas en las regiones y es probable que no se centren en la agenda legislativa del semestre.

El presidente Petro y el ministro Velasco deberán luchar contra las inercias de un Congreso en elecciones y una coalición quebrada para no seguir postergando el cambio que se prometió en campaña.