Un día antes de que el presidente Abelardo De La Espriella posesione a los nuevos nueve magistrados del Consejo Nacional Electoral, varios congresistas de la Alianza Verde y otros partidos políticos, radicaron una reforma con la que que proponen cambiar la elección de los togados en el tribunal electoral.
La iniciativa es de los senadores Duvalier Sánchez, Jennifer Pedraza, y los representantes Mauricio Toro, Laura Daniela Beltrán, (conocida como Lalis) y Óscar Benavides.
Según los dirigentes políticos, “el modelo vigente de elección de magistrados del CNE reproduce un círculo vicioso: los mismos partidos que deben ser vigilados participan en la elección de quienes los supervisan. Esto ha derivado en decisiones controvertidas, conflictos de interés, puerta giratoria entre política y autoridad electoral, y pérdida de confianza ciudadana”.
El proyecto,según explicaron, “pretende romper ese vínculo político de origen y garantizar imparcialidad desde la conformación del CNE”.
Según la iniciativa conocida por SEMANA “se reemplazaría el término magistrados por consejeros, reconociendo que el CNE es un órgano administrativo y no jurisdiccional. Este cambio busca evitar confusiones sobre su rol y reforzar la idea de que se trata de perfiles técnicos y meritocráticos”.
La reforma toca el método de elección de los magistrados.
“Se elimina la elección por cuotas partidistas en el Congreso, se crea un concurso público de méritos organizado por la Comisión Nacional del Servicio Civil (CNSC), que conformará una lista de 30 elegibles. ○ El nombramiento final lo realizan entre las altas cortes: Corte Suprema (3), Corte Constitucional (3) y Consejo de Estado (3), para un periodo de cuatro años. Con esto se rompe el vínculo político de origen y se fortalece la independencia institucional".
Además, propone requisitos más estrictos para ser togados, entre ellos, ser colombiano de nacimiento, ciudadano en ejercicio y abogado, tener más de 35 años, acreditar 10 años de experiencia profesional y al menos cinco en derecho electoral.
“Esto asegura que los consejeros tengan formación y conocimiento especializado en materia electoral”, se lee en la iniciativa.
Además plantea inhabilidades y prohibiciones.
“No podrán ser consejeros quienes hayan ejercido cargos directivos en partidos o movimientos políticos, ni quienes hayan aspirado a cargos de elección popular en los últimos cuatro años”, especifica.
Además, plantea que tras su retiro, durante dos años no podrán ocupar cargos de dirigencia partidista, ser ministros, directores de departamentos administrativos ni aspirar a elección popular. Estas reglas previenen la puerta giratoria y reducen conflictos de interés, coinciden los autores de la reforma.
Se propone que, si la reforma es aprobada en el Congreso, el CNE goce de autonomía presupuestal, administrativa, técnica y organizativa (hoy su presupuesto depende de la Registraduría Nacional del Estado Civil): “Se regirá por los principios de imparcialidad, máxima publicidad, transparencia y equidad de género. Esto fortalece su independencia frente a presiones políticas”.
La reforma no cambia la esencia del Consejo Nacional Electoral porque mantiene las funciones de inspección, vigilancia, control electoral, escrutinios, declaratoria de elecciones, financiación de campañas y protección de derechos políticos.
“Se exige coordinación entre la Registraduría y el CNE para verificar requisitos de candidatos y evitar contradicciones entre ambas entidades. Esto busca mayor seguridad jurídica y coherencia institucional”, se lee en el proyecto.
Si la reforma pasa en este período legislativo, la primera elección bajo este modelo se realizará en agosto de 2030, dando tiempo para una transición ordenada.
Como se trata de una reforma, tendrá que surtir los ocho debates en el Congreso y tener revisión de la Corte Constitucional porque tocaría la Constitución Política de 1991.