El presidente de la Cámara, David Racero, ordenó suspender las camionetas en algunos despachos del Congreso

El presidente del Congreso, David Racero, empezó a cumplir parcialmente lo que prometió en su campaña legislativa: reducir el número de camionetas que están al servicio de algunos despachos del legislativo.

Aunque propiamente no suspendió los vehículos blindados a los congresistas, a través de una resolución que firmó este miércoles, empezó a hacer la poda de carro al servicio de algunas oficinas del Congreso.

Inicialmente, la suspensión del parque automotor se extendió a los secretarios de comisiones constitucionales, legales y especiales, las camionetas que estaban en poder del secretario general, el jefe de la Oficina de Información y Prensa, el coordinador de la Oficina de Control Interno de la Cámara, entre otros.

SEMANA conoció que en total son 15 camionetas propiedad de la Cámara de Representantes y que en adelante dejarían de prestar su servicio a dichas oficinas.

Aunque la resolución se hará oficial en la tarde de este miércoles, está claro que los funcionarios del Congreso que se beneficiaron hasta hoy podrán, en adelante, solicitar un estudio de riesgo a la Unidad Nacional de Protección y de esta forma garantizar eventualmente el retorno de su vehículo.

Por ahora, la suspensión recae exclusivamente en los autos que están al servicio de los despachos del Congreso, pero el objetivo de Racero es extenderla a los representantes.

“Los congresistas deben dar ejemplo y no vergüenza, y eso implica revisar a profundidad los gastos innecesarios que tiene la Cámara de Representantes. El pueblo colombiano al unísono se indigna con los privilegios que tienen los congresistas, mientras que la mayoría de los colombianos puede vivir en la pobreza o en la escasez”, dijo en su momento.

Racero, quien renunció a su esquema de seguridad y se moviliza en el carro de su propiedad, había anunciado que una de sus primeras acciones como presidente de la Cámara sería la revisión del contrato de las camionetas blindadas para los representantes a la Cámara, “porque las camionetas blindadas deberían ser para los líderes sociales amenazados, asesinados en los territorios y no como Uber personal utilizado para hacer mandados”.

No obstante, la tarea no será tan sencilla porque el nivel de riesgo de los congresistas es diferente, según las regiones donde adelanten proselitismo político.

SEMANA estableció que hace más de una década el Congreso acudió al modelo del renting y, por cada camioneta, se paga cerca de 15.000.000 de pesos mensuales (incluidos mantenimiento y repuestos). La seguridad por cuatro años, para 296 legisladores, tendrá un costo total de 426.240.000.000 de pesos, mediante los convenios interadministrativos que se firman anualmente con la Unidad Nacional de Protección.

Aunque en redes sociales ha circulado la versión que el Congreso también suspendería el pago de la telefonía celular para los legisladores, no es cierto porque ese es un pago que asume cada representante. Recordemos que en la presidencia de Carlos Cuenca en 2019 se eliminó ese beneficio.