Las relaciones comerciales entre Colombia y Ecuador atraviesan un nuevo episodio de tensión tras el anuncio de medidas que impactan directamente el flujo de bienes y energía entre ambos países.
El incremento de hasta un 900 % en los costos asociados al transporte de petróleo colombiano a través de infraestructura ecuatoriana, sumado a la imposición de aranceles del 30 % a productos ecuatorianos por parte de Colombia, ha encendido las alertas sobre las consecuencias económicas y comerciales de estas decisiones.
Aunque inicialmente se habló de una medida arancelaria directa, el debate ha ido más allá del aspecto tributario y se ha concentrado en los efectos sobre el comercio bilateral, así como en el respeto a los compromisos adquiridos dentro de la Comunidad Andina (CAN).
Para analizar el alcance real de este escenario, Daniel Gómez, profesor de la Escuela Internacional de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad de La Sabana, explicó que la aplicación de los nuevos costos por parte de Ecuador es técnicamente viable y podría implementarse en poco tiempo.
“Es una medida factible porque depende de decisiones administrativas internas de Ecuador, por lo que su aplicación puede ser relativamente rápida sin necesidad de pasar por procesos legislativos complejos”, señaló el académico.
Uno de los puntos más sensibles es el impacto sobre el petróleo colombiano. De acuerdo con el análisis del experto, el incremento en los costos de transporte altera de forma significativa la rentabilidad de las exportaciones.
“El costo de transporte aumenta de 3 a 30 dólares por barril (900 %). Es decir, el aumento representa el 40 % del valor del crudo, teniendo en cuenta que el barril de referencia está entre 70 y 80 dólares”, explicó Gómez.
Si bien la exportación seguiría siendo técnicamente posible, el efecto económico es considerable.
“Seguir exportando petróleo es viable, pero económicamente se vuelve muy costoso, ya que los márgenes se reducen de forma drástica”, agregó.
A este panorama se suma el impacto de los aranceles del 30 %, que encarecen el comercio bilateral y afectan no solo a los exportadores, sino también a consumidores y sectores productivos que dependen de insumos importados.
“Los aranceles encarecen el comercio bilateral, afectan a exportadores, consumidores e industrias que dependen de insumos importados, y deterioran de manera importante el comercio fronterizo”, indicó el profesor.
Aunque ambos países enfrentarían consecuencias, el análisis apunta a una mayor vulnerabilidad del lado ecuatoriano.
“Ambos países resultan perjudicados, pero Ecuador es más vulnerable. Su economía depende en gran medida de importaciones provenientes de Colombia”, afirmó Gómez.
Colombia es uno de los principales proveedores de Ecuador en sectores estratégicos como alimentos, medicamentos, productos químicos, insumos agrícolas y energía, con participaciones que oscilan entre el 20 % y el 40 %, según el experto.
El conflicto también tiene un componente jurídico y regional. Colombia y Ecuador hacen parte de la Comunidad Andina, cuyos acuerdos establecen el libre comercio intrarregional y prohíben la imposición de nuevas barreras comerciales.
“La medida adoptada por Ecuador va en contra de los compromisos adquiridos en el marco de la CAN”, advirtió Gómez. Desde su perspectiva, los argumentos relacionados con temas de seguridad no serían suficientes para justificar la decisión.
“Desde el punto de vista comercial, los argumentos de seguridad no resultan sólidos para justificar esta decisión”, sostuvo.
El especialista alertó que este tipo de acciones puede derivar en disputas comerciales formales y debilitar los procesos de integración regional, con efectos que trascienden a los dos países involucrados.