Las filas de vehículos fúnebres comienzan desde varios metros antes de llegar a Los Silos, en el puerto de La Guaira. Allí, donde antes solo había estructuras industriales, el Estado instaló una morgue improvisada para atender la emergencia humanitaria que dejó el doble terremoto del pasado 24 de junio, una tragedia que continúa cobrando víctimas y que ha transformado ese lugar en el último destino de miles de venezolanos.
Desde el sábado 27 de junio, tres días después de los sismos, médicos forenses, patólogos, técnicos y trabajadores del Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses (Senamecf) trabajan sin descanso. Los cadáveres siguen llegando diariamente desde las zonas más devastadas, mientras los especialistas intentan cumplir los protocolos de identificación.
A pocos metros, bajo un toldo improvisado, decenas de familias aguardan impacientes. No buscan información sobre desaparecidos, esperan el momento en que les entreguen el cuerpo de un hijo, un hermano, una madre o un esposo para despedirse.
En una de las sillas ubicadas en esa sala de espera está Morelia Sánchez. Tiene el rostro agotado y los ojos inflamados de tanto llorar. Lleva 18 horas esperando el cuerpo de su hermano, rescatado entre los escombros de un edificio colapsado en Caraballeda.
“Esto ha sido horrible. Sufrir desde el día uno con esos terremotos y ahora esta agonía para poder llevarme el cuerpo de mi único hermano. Nunca pensé que algo así nos pasaría”, dice con la voz quebrada.
Mientras habla, muestra las heridas en sus manos. Las marcas que le dejó la remoción de escombros durante varios días con la esperanza de encontrarlo vivo. “¿De dónde vamos a sacar dinero para pagar una funeraria si lo perdimos todo? No sé qué hacer”, lamenta.
Su historia es una escena que se repite una y otra vez entre quienes permanecen frente a esa morgue. Muchos perdieron no solo a sus familiares, sino también sus viviendas, sus pertenencias y cualquier posibilidad de asumir los costos de un funeral.
Mientras tanto, la cifra real de fallecidos sigue siendo motivo de controversia. El balance oficial divulgado por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, elevó el número de víctimas a 2.645 hasta la noche del jueves. Sin embargo, trabajadores vinculados al sistema forense sostienen que los registros internos muestran una realidad mucho más dramática y que la cantidad de cadáveres procesados supera ampliamente esa cifra.
El compromiso asumido
Andrés Ruiz, de 24 años, viajó desde el estado Falcón hasta La Guaira apenas conoció la dimensión del desastre. Catorce horas de carretera lo separaban de una ciudad que nunca imaginó encontrar reducida a montañas de concreto.
Se instaló en Playa Grande, una de las zonas más golpeadas por los terremotos, y se unió como voluntario a las labores de búsqueda.
“Apenas vi todo esto, decidí venir. Aquí conocí a una familia que buscaba desesperadamente a una niña de 9 años. Le prometí a su mamá que la encontraríamos”, recuerda.
La búsqueda terminó y la menor apareció entre los escombros, pero ya no tenía signos vitales. “Fui yo quien levantó su cuerpo y lo trasladó hasta la morgue. Nunca había vivido algo así”, cuenta.
El joven asegura que dentro de las instalaciones pudo observar decenas de cadáveres esperando ser procesados, una imagen que difícilmente podrá olvidar. Pero hay otra escena que también lo marcó. “Hay personas aprovechándose del dolor de la gente. Hay funerarias que cobran hasta 100 dólares solo por trasladar un cadáver. Si no pagan, no ayudan. Eso no debería pasar en una emergencia como esta”, denuncia.
La tragedia también golpea los bolsillos. En condiciones normales, un servicio funerario supera los 800 dólares, una suma imposible de asumir para miles de familias que, además de perder a un ser querido, también quedaron sin vivienda y sin ingresos. Ante las denuncias, la Cámara Nacional de Servicios Funerarios acordó establecer una tarifa especial para las víctimas del terremoto.
“Todos los agremiados decidimos colaborar. El servicio de cremación tendrá un costo único de 150 dólares para las familias afectadas”, explicó Davenio Velásquez, presidente del gremio.
Sin embargo, esa reducción apenas cubre una parte del proceso. “No incluye el retiro del cuerpo desde la morgue ni otros gastos indispensables”, explica Rafael Montesuma, quien perdió a su esposa durante el colapso de su vivienda en Catia La Mar. “Nadie se imagina lo que significa perder la casa y a la familia al mismo tiempo. Me tocó cargar el cadáver de mi esposa. Ahora espero que me lo entreguen otra vez y ni siquiera sé adónde llevarla. No tengo dinero. No tengo nada”, dice mientras rompe en llanto.
Su historia resume el drama que hoy viven cientos de familias venezolanas. Sobrevivieron al terremoto, pero ahora enfrentan otra batalla, la de recuperar a sus muertos para ofrecerles una despedida digna.
La esperanza que se niega a morir
Diez días después del doble terremoto, la esperanza comienza a extinguirse para los equipos especializados, pero no para las familias.
Las delegaciones internacionales que llegaron a Venezuela para apoyar las labores de búsqueda y rescate trabajan contra un enemigo imposible de detener: el tiempo.
Los protocolos internacionales establecen que, transcurridos diez días después de un colapso estructural, las probabilidades de encontrar sobrevivientes son prácticamente inexistentes.
Aida Sojo no cree en estadísticas ni en protocolos. Cree en su instinto de madre. Viajó desde Maracay hasta La Guaira pocas horas después de los terremotos para buscar a su hijo, de 24 años, quien había viajado el domingo feriado junto a ocho amigos para pasar un día de playa y asistir a una fiesta esa noche. Todos quedaron atrapados cuando colapsó la Torre H del complejo habitacional OPP-26, en el sector Caribe.
“Mi hijo está vivo. Lo siento. Aquí nadie nos va a convencer de lo contrario”, dice mientras observa la montaña de concreto que reemplazó al edificio donde desapareció.
Desde hace días, junto con familiares y voluntarios, abre túneles entre los escombros con herramientas improvisadas. “Nos dicen que ya pasó el tiempo, pero nosotros hemos escuchado ruidos. Aquí todavía hay vida y no vamos a abandonar este lugar hasta encontrarlos”, asegura.
En esa zona, la misión de brigadas internacionales y unidades caninas concluyó. Solo quedan familiares removiendo piedras. El jueves recuperaron cinco cuerpos. El olor de la descomposición invade el ambiente. Se impregna en la ropa, en la piel y en la memoria. Ningún tapabocas logra contenerlo.
Rescatar a los propios
La tragedia también alcanzó a quienes llegaron para salvar vidas. Aarón Díaz, rescatista profesional proveniente de Valencia, fue asignado al edificio Coral Bella, en la urbanización Los Corales. Al llegar, descubrió que una de las personas desaparecidas era su propia prima. “No sabía que estaba aquí. Ella siempre me invitaba a este apartamento de playa y nunca pude venir. Ahora me toca buscarla entre los escombros”, cuenta.
La dimensión de la catástrofe empieza a dibujarse con mayor claridad. El balance oficial reporta 189 edificios completamente colapsados y otros 855 con daños de distinta consideración a lo largo de la costa central venezolana. Ingenieros consultados estiman que cerca del 80 por ciento de la infraestructura residencial y turística quedó destruida o comprometida.
Mientras avanzan las labores de remoción y comienzan las discusiones sobre la reconstrucción, el Gobierno anunció la creación de un fondo de emergencia por 200 millones de dólares para atender la crisis. Pero entre quienes aún permanecen frente a las montañas de concreto, las cifras dejaron de tener importancia. Su única cuenta pendiente sigue siendo la de encontrar a quienes el terremoto les arrebató.
Mientras los expertos hablan del fin de las posibilidades, cientos de familias continúan cavando con las manos, convencidas de que el amor puede resistir por encima del tiempo.