Las prácticas políticas que más detestan los colombianos siguen vigentes: ¿le está quedando grande el cambio al Gobierno Petro?

Con la llegada de Gustavo Petro a la Casa de Nariño y la victoria del Pacto Histórico como bancada mayoritaria en el Capitolio Nacional, la izquierda conquistó oficialmente las dos máximas instancias del poder político: la Presidencia y el Congreso. El contundente apoyo que le dieron los colombianos en las urnas a un proyecto de izquierda, luego de más de 200 años, tiene su base en un discurso que conquistó la esperanza de los ciudadanos: el cambio.

El nuevo Gobierno llegó con una ambiciosa agenda de reformas sociales que prometen darle un giro a la vida de los colombianos. En este paquete resaltan la reforma rural, la agenda de protección del ambiente, la transición energética, la reforma a la salud, la reforma pensional, la tributaria –que acaba de ser aprobada en comisiones económicas– y el aumento de los subsidios a los adultos mayores.

Tan pronto se puso la banda presidencial, el jefe de Estado anunció la apertura de su gobierno a la llamada “paz total”, que no es otra cosa que el sometimiento a la justicia de la totalidad de los grupos armados ilegales, y dio un giro en el discurso a nivel internacional: restableció las relaciones con Venezuela, volvió a tender puentes con Cuba y empezó a liderar ante el mundo la cruzada por un cambio en el enfoque de la lucha contra las drogas.

Sin embargo, mientras que se ponen en marcha las reformas, el Gobierno Petro ha empezado a recurrir a las mismas prácticas de la política tradicional que hasta hace poco criticaba. Para llegar a la Presidencia, desde la misma campaña, mientras en las plazas públicas se hablaba del cambio, Petro se rodeó de la clase política tradicional. Líderes como Roy Barreras, Alfonso Prada y Mauricio Lizcano, que antes eran criticados por el petrismo por representar las viejas costumbres, se convirtieron en fichas clave de su campaña y ahora del Gobierno.

Y una vez instalado en la Casa de Nariño, Petro no tuvo problema en abrazarse con el Partido Liberal, La U y los conservadores, partidos que representan justo lo contrario al cambio que estaban buscando los ciudadanos en las urnas. Está claro que los partidos que ahora buscaron cobijo en la coalición petrista lo hacen más por cuotas de representación burocrática que por afinidad con el programa de gobierno. Y Petro les ha cumplido.

Desde la misma conformación de su gabinete, el jefe de Estado les abrió la puerta de su Gobierno a las fuerzas políticas tradicionales que no solo tienen ministerios propios sino entidades estratégicas, como el Fondo Nacional del Ahorro y el Banco Agrario. Tener el apoyo de los partidos le ha servido a Petro en estos dos meses para conformar una aplanadora legislativa que no solo le aprueba proyectos fundamentales a ‘ojo cerrado’, como ocurrió este jueves con la reforma tributaria, sino que le sirve para algo que antes criticaba: la cooptación de los poderes del Estado.

Va por todo Petro, como ya se empieza a decir en algunos sectores políticos, se está quedando con todo. En julio, logró poner a dos alfiles suyos del Pacto Histórico en las presidencias del Senado y la Cámara: Roy Barreras y David Racero. A mediados de agosto logró imponer a su candidato a la Contraloría, Carlos Hernán Rodríguez, por el que prácticamente nadie apostaba, y demostró que tiene a su coalición marchando.

Este hecho resulta curioso si se tiene en cuenta que el propio Petro, en sus épocas como senador, criticó la cooptación de los organismos de control por parte del Gobierno anterior. “El que la filiación política del contralor sea la misma del Gobierno acelerará los procesos de corrupción en el Estado”, trinó Petro en 2018. Pero, como se sabe, la política es dinámica. Tan es así, que apenas dos semanas después, Petro se anotó una nueva victoria: la elección de Fabiola Márquez Grisales, aliada suya, como presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE).

Márquez es amiga del presidente y trabajó a su lado cuando él fue alcalde de Bogotá. Además de esto, fue postulada para el Consejo Electoral por el Pacto Histórico. A pesar de que el Gobierno ha negado haber tenido injerencia en la elección, tres magistrados le confirmaron a SEMANA que la administración de Petro sí “metió la mano”.

Adicionalmente, dentro de dos años, Petro tendrá fiscal general de la Nación, una figura que, por organización constitucional, siempre es puesta por el presidente, pues es quien por ley debe elaborar la terna a partir de la cual la Corte Suprema de Justicia hace la escogencia. Y el proyecto que busca cambiar esta forma de elección se estancó en el Congreso.

Aunque el Gobierno Petro llegó con un discurso de austeridad y cero derroche, lo ocurrido en los últimos días con contratos firmados por el Departamento Administrativo de la Presidencia deja ver que en cuanto al gasto poco ha cambiado en la Casa de Nariño. Así quedó en evidencia con dos millonarios contratos por más de 170 millones de pesos firmados por la Presidencia para comprar televisores de 85 pulgadas, edredones de plumones de ganso de 8 millones de pesos y hasta licuadoras de 10 velocidades para el presidente Petro y la vicepresidenta Francia Márquez.

El asunto ha generado polémica debido a que algunos consideran que estos son bienes de lujo que no son indispensables para el desempeño del Gobierno, sobre todo cuando los colombianos piden austeridad en medio de la situación que vive el país. Otro contrato polémico fue el firmado con la organización McKinsey & Company Colombia Inc., para definir el “legado” que dejará el presidente Petro.

Curiosamente, esta misma consultora también fue contratada por el gobierno de Iván Duque con ese mismo propósito. Para cumplir con este contrato, la Presidencia girará fondos por 125 millones de pesos con el fin de que esta firma empiece a recoger todo el material.

Donde tampoco parecen haber cambiado mucho las formas es en el Congreso, donde los parlamentarios no solo se siguen negando a reducir sus privilegios, sino que se ha vuelto costumbre el ausentismo. A pesar de que los congresistas del llamado sector alternativo anunciaron que llegarían a acabar con muchos de los beneficios que tienen.

A finales de agosto, el Senado renovó el convenio, por 15.000 millones de pesos, para brindarles esquemas de protección con camionetas de lujo a sus congresistas, mientras que la Cámara renovó el contrato, por 1.128 millones, para otorgar tiquetes aéreos a los representantes. En cuanto a la reducción del salario, después de dos meses y medio de anuncios, apenas uno de los cuatro proyectos que se radicaron con este propósito ha pasado el primer debate.

Mientras tanto, tal como ocurría en años anteriores, se han vuelto costumbre las denuncias por ausentismo en los debates, lo que ha llevado en varias ocasiones a levantar las sesiones. Por ejemplo, esta semana la senadora Paloma Valencia puso en evidencia que apenas 26 de los 108 senadores se quedaron hasta el final del debate de control político que había sido citado para analizar la situación por las inundaciones en La Mojana.

Un hecho similar ocurrió la semana pasada en la Comisión Primera de la Cámara, citada para debatir el proyecto para reglamentar la eutanasia. En el momento de la votación para aprobar el orden del día solo había 16 representantes presentes de los 39 que componen esta célula legislativa. Se tuvo que levantar la sesión. Esto se debe en buena medida a que para los congresistas se ha vuelto normal no llegar a la hora fijada.

SEMANA tuvo acceso a las actas de la Secretaría General de la Cámara y se encontró con un hecho indignante: más del 30 por ciento de los parlamentarios llega una y hasta dos horas tarde a las sesiones. Por ejemplo, a la sesión plenaria del 13 de septiembre de este año, 54 de los 181 representantes llegaron más de una hora tarde.

Si bien es cierto que, tal como argumentan desde el petrismo, no se pueden cambiar décadas de problemas que envejecieron mal en apenas dos meses de gobierno, los colombianos esperan que, en cuanto a las formas, el cambio no sea lo mismo de siempre.