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¿Qué es un estado de conmoción interior y por qué un senador le pidió a Duque declararlo en Colombia?
La medida permitiría, entre otras cosas, que las autoridades realicen inspecciones a domicilios sin una orden judicial previa.
El presidente de Colombia, Iván Duque, ordenó recientemente militarizar las ciudades del país en las que más se han registrado alteraciones del orden público o hechos de violencia en el marco de las manifestaciones que se han llevado a cabo en rechazo a la reforma fiscal presentada por el Gobierno nacional hace algunas semanas.
Sin embargo, este martes se conoció que algunos congresistas del Centro Democrático le solicitaron al mandatario colombiano que declare la denominada conmoción interior, una figura contemplada en el artículo 213 de la Constitución Política a la que acuden los presidentes cuando la situación de orden público en el territorio se sale de control.
A continuación, el abogado Iván Cancino explica de qué se trata la figura:
Al respecto, la Carta Magna establece que este mecanismo se puede implementar en “caso de grave perturbación del orden público que atente de manera inminente contra la estabilidad institucional, la seguridad del Estado o la convivencia ciudadana (...)”.
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La conmoción interior, anteriormente conocida como estado de sitio, le permite al primer mandatario asumir poderes excepcionales con los que incluso podría suspender cargos de gobernantes regionales, restringir las manifestaciones sociales y asumir el control de la radio y la televisión durante un periodo máximo de 90 días.
Esta figura también da facultades a las autoridades para que con orden judicial o sin ella detengan a personas sobre las que se tenga algún indicio de estar comprometidas en delitos, además de que permite que la fuerza pública realice inspecciones a domicilios sin necesidad de una orden judicial previa, aunque en esos casos se deberá informar a la autoridad judicial competente, en un plazo de 24 horas, las causas que motivaron la inspección.
La propuesta de varios congresistas del Centro Democrático, como Álvaro Hernán Prada, Nicolás Pérez Vásquez o Carlos Felipe Mejía, quienes solicitan de manera inmediata que sea decretada la conmoción interior, surge luego de graves denuncias sobre excesos por parte de la fuerza pública, especialmente durante las últimas horas.
El senador Carlos Felipe Mejía, por ejemplo, ha argumentado que detrás de los hechos de violencia durante las protestas “están los tentáculos del narcocomunismo” orquestados por el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, el ELN, las FARC y Cuba.
Para el abogado, Óscar Sierra, consultado por SEMANA, “no resulta conveniente adoptarla pues el diálogo debe ser el medio para lograr el consenso social y detener las manifestaciones, pienso que con las herramientas actuales el presidente puede mitigar los hechos de violencia sin necesidad de aumentar sus facultades por medio de la figura constitucional”.
Alarma internacional por “uso excesivo de la fuerza”
La Organización de las Naciones Unidas (ONU) condenó este martes el “uso excesivo de la fuerza” contra las manifestaciones contrarias a la reforma fiscal, que ha dejado al menos 19 muertos durante las últimas horas.
“Estamos profundamente alarmados por los acontecimientos ocurridos en la ciudad de Cali en Colombia la pasada noche, cuando la Policía abrió fuego contra los manifestantes que protestaban contra la reforma tributaria, matando e hiriendo a varias personas (...)”, declaró Marta Hurtado, portavoz de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
En declaraciones citadas por la agencia AFP, Hurtado hizo un llamado a la calma antes de una nueva jornada de manifestaciones, prevista para el próximo miércoles. “Nuestra oficina en Colombia está trabajando para verificar el número exacto de víctimas y establecer las circunstancias de estos terribles incidentes en Cali”, aseguró la portavoz.
Marta Hurtado agregó que los “defensores de derechos humanos también informaron que han sido acosados y amenazados”. Al respecto, el defensor del Pueblo, Carlos Camargo, confirmó que un funcionario de la entidad, uno de la Procuraduría y tres defensores de derechos humanos fueron atacados por la fuerza pública mientras asistían a algunos detenidos en la capital vallecaucana.
Los cinco “fueron objeto de amenazas por parte de agentes de la Policía Nacional, que dispararon en repetidas ocasiones al aire y al piso, tiraron granadas aturdidoras, los maltrataron verbalmente y les exigieron retirarse del lugar”, concluyó Camargo.