Un estudio sobre seguridad rural encendió las alertas sobre el aumento de la extorsión en municipios cafeteros de Colombia.
La investigación, que analizó información de 1.122 municipios durante una década, concluye que este delito ha crecido de forma acelerada y hoy representa una amenaza directa para la economía agrícola en distintas regiones del país.
Entre 2014 y 2023, la extorsión aumentó más del 70 % en Colombia, alcanzando 10.560 denuncias, según el estudio titulado Café, Conflicto y Extorsión: Un Análisis Cuantitativo en Municipios de Colombia realizado por los docentes Jaime Wilches, Karolina Baquero y Rodrigo Atehortúa del Politécnico Grancolombiano.
El delito ha dejado de ser un fenómeno aislado para convertirse en un problema extendido en territorios rurales donde la actividad económica depende del café.
Colombia cuenta con más de 550.000 familias dedicadas al cultivo de café en cerca de 600 municipios, lo que convierte a esta actividad en una base económica clave para muchas regiones.
Sin embargo, la circulación de dinero en efectivo, la baja bancarización y la presencia histórica de actores armados han generado condiciones que facilitan los cobros ilegales a productores, cooperativas y transportadores.
Uno de los hallazgos centrales del estudio es que el riesgo de extorsión aumenta significativamente cuando un municipio es productor de café y además está incluido en los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), creados para zonas afectadas por el conflicto armado.
Según la investigación, esta combinación incrementa en promedio 3,4 casos adicionales de extorsión por cada 100.000 habitantes, lo que refleja una mayor vulnerabilidad frente a redes criminales.
También se identifica departamentos con niveles críticos del delito, entre ellos Chocó, Guaviare, Meta, Cauca y Arauca, territorios que comparten factores como presencia de economías ilegales, disputas territoriales y menor presencia institucional.
En contraste, el Eje Cafetero tradicional, conformado por departamentos como Caldas, Quindío y Risaralda, presenta niveles relativamente bajos de extorsión, lo que algunos analistas atribuyen a una mayor articulación institucional y al trabajo conjunto entre autoridades locales y el gremio cafetero.
Otro elemento relevante es el cambio en las dinámicas del crimen. Tras la caída del secuestro en las últimas dos décadas, la extorsión se ha convertido en un mecanismo más frecuente para financiar estructuras criminales.
A diferencia de otros delitos, este método permite obtener recursos de manera constante sin recurrir a violencia visible.
Adicionalmente se destaca un alto nivel de subregistro. De acuerdo con los datos recopilados, siete de cada diez caficultores afirman haber recibido llamadas extorsivas, pero menos del 15 % presenta una denuncia formal, principalmente por temor a represalias o por desconfianza en las instituciones.
Frente a este panorama, los investigadores sugieren que las respuestas institucionales deben ir más allá de los operativos policiales y enfocarse en fortalecer la presencia del Estado en zonas rurales, mejorar los mecanismos de denuncia y brindar mayor protección económica a los productores.