El fuerte interés por ciertos modelos de motocicletas ha creado un escenario ideal para las estafas. Los delincuentes suelen aprovechar la alta demanda y la escasa disponibilidad de algunas referencias para engañar a compradores que buscan adquirirlas con rapidez. Entre las categorías que aparecen con mayor frecuencia en los reportes se encuentran las motos tipo Scooter, las Doble Propósito y, especialmente, las Street o de calle.

Según la Cámara de la Industria de Motocicletas de la Andi (CIM), cerca de 3.000 casos de fraude en compra de motos se están registrando en Colombia.
Los casos reportados muestran que las motocicletas de hasta 200 cc concentran aproximadamente la mitad de las denuncias registradas. Las demás están distribuidas entre fraudes asociados a repuestos (22 %), servicios de mantenimiento (16 %) y motocicletas de mayor cilindraje (12 %).

En cuanto a esto, la CIM explicó que las modalidades de fraude han evolucionado significativamente en los últimos años, pues ya no se limitan a ofertas claramente sospechosas, pues ahora los delincuentes pueden presentarse en plataformas como Google simulando ser concesionarios legítimos y respaldar sus engaños con fotografías auténticas y documentos que aparentan ser válidos.
Resaltan la importancia de que los compradores refuercen los procesos de verificación antes de concretar cualquier transacción.

Además, entre las modalidades de fraude más frecuentes también figuran las solicitudes de pago a través de billeteras digitales de terceros, como Nequi o Daviplata, que representan el 30 % de los casos reportados.
A esto se suman el uso de documentos falsificados o alterados, con una participación del 12 %, y la creación de sitios web fraudulentos que imitan la identidad visual de marcas y concesionarios autorizados, responsables del 10 % de los reportes. Asimismo, las empresas del sector han detectado más de 25 páginas engañosas vinculadas a marcas y distribuidores de motocicletas.
De acuerdo con el reporte, estas modalidades de fraude ocurren tanto en las grandes ciudades como en municipios intermedios del país. El 48 % de los reportes se concentró en Medellín, el 28 % en Cali y el 24 % en Bogotá.

La industria identificó una cantidad de reportes elevada en algunos municipios de Córdoba, evidenciando así que la problemática ya no está únicamente limitada a las principales ciudades colombianas.
Ante el aumento de estas modalidades de fraude, Movemos Colombia (iniciativa impulsada por la Cámara de la Industria de Motocicletas de la ANDI junto con las principales ensambladoras del país) hizo un llamado a los compradores para que adopten medidas de prevención que les permitan realizar adquisiciones seguras y minimizar el riesgo de ser víctimas de estafas o suplantaciones.
Entre las recomendaciones se encuentran verificar que el concesionario y sus datos de contacto correspondan a los canales oficiales de la marca, realizar pagos únicamente a cuentas corporativas registradas a nombre de la empresa y desconfiar de ofertas con precios demasiado bajos o promesas de entrega inmediata.

Asimismo, aconseja revisar la autenticidad de los documentos, consultar el historial del vehículo en el RUNT y completar todo el proceso de compra, entrega y traspaso a través de canales formales.
Desde el sector, ya se están implementando acciones para enfrentar la problemática, incluyendo monitoreo de las plataformas digitales, campañas de prevención, alertas en redes sociales, denuncias y solicitudes a empresas tecnológicas para eliminar perfiles y ubicaciones fraudulentas.

Sobre esto, Iván Darío García, Director Ejecutivo de la Cámara de la Industria de Motocicletas de la ANDI, explicó que “cada caso de fraude representa a una persona o una familia que pierde recursos construidos con esfuerzo. Por eso, el llamado es a verificar siempre la información antes de realizar pagos y utilizar únicamente canales oficiales. Una validación de pocos minutos puede evitar pérdidas económicas muy importantes”.
En Colombia, la motocicleta es una herramienta clave para el trabajo, el emprendimiento y la movilidad de millones de personas. Por ello, los fraudes no solo generan pérdidas económicas, sino que también afectan oportunidades de educación, empleo y progreso. Frente a esta realidad, autoridades, empresas y ciudadanos están llamados a fortalecer las prácticas de verificación y promover compras seguras para reducir el riesgo de estafas.
