SEMANA: El Gobierno aseguró que no habría una reforma tributaria, pero radicó un proyecto que incluye cambios en impuestos. ¿Qué pasó?
JOSÉ MANUEL RESTREPO (J.M.R.): Esta ley busca un rescate social, económico, de la salud y de las finanzas públicas. Primero, corregir la injusticia de que 36,5 millones de colombianos vulnerables paguen un IVA que debería devolvérseles. Segundo, recuperar la inversión, tras un gobierno en el que la economía apenas creció 1,6 %. Tercero, rescatar el sistema de salud, donde encontramos que el 90 % de los colombianos no tenía acceso completo a medicamentos y había problemas de pago al personal médico. Finalmente, combatir el derroche, la burocracia y la corrupción del Estado, de donde provendrá el 70 % del ajuste. Ahí es donde tenemos que dar ejemplo. Claro, hay un componente de tributación, pero solo al 10 % de la población que tiene más recursos. Algunos dirán: “Pero ustedes dijeron que no iba a haber más impuestos en su gobierno”. Es cierto, pero nunca imaginamos que el Gobierno anterior fuera tan mentiroso y ocultara gastos. Encontramos que no había recursos suficientes para pagar salarios de funcionarios públicos, pensiones, salud, defensa ni siquiera los intereses de la deuda pública. Conclusión: hoy estamos enfrentando el problema más complejo que cualquier gobierno pudiera enfrentar. Asumimos la responsabilidad de dar la cara y explicarle al país lo que debemos hacer. Sabemos que no es fácil; sin embargo, preferimos asumir el costo político por el futuro de Colombia. Estamos actuando con responsabilidad e invitamos a los colombianos y al Congreso a acompañarnos en esta difícil, pero importante tarea de rescate del país.
SEMANA: Dado ese panorama, ¿por qué no se radicó el proyecto de ley con mensaje de urgencia para que los cambios que proponen empiecen el año entrante?
MIGUEL GÓMEZ (M.G.): El mensaje de urgencia se puede enviar después, pero queremos que sea el trámite normal, porque esta es una ley histórica. Estamos enfrentando una situación fiscal sin precedentes en Colombia. No nos estamos inventando una crisis. Si no hacemos el ajuste, el año próximo vamos a tener dificultades para financiar el Presupuesto General de la Nación. No vamos a poder pagar las nóminas, no vamos a poder mantener la estructura del Estado como está operando hoy. Entonces necesitamos que haya un consenso nacional, que la gente entienda la gravedad de lo que está sucediendo. Y eso se va a hacer naturalmente en el Congreso, en el debate democrático que es indispensable. En caso de que veamos que el tiempo está apretado, sí se pasaría al mensaje de urgencia.
SEMANA: ¿Estarían entonces conformes con que lleguemos al 16 de diciembre y no haya avanzado?
M. G.: No, la ley debe aprobarse antes de finalizar el año. De lo contrario, enfrentaremos una grave crisis económica, similar a la que vivió Venezuela, donde la falta de financiación provocó devaluación, inflación, desempleo y una migración masiva. Colombia podría llegar a ese escenario; ojalá no sea así, y con la ley de ajuste fiscal tenemos la posibilidad de corregir el rumbo.
J.M.R.: Dicho de otra manera, si de aquí al cierre de 2026 no se avanza en esta ley de rescate, Colombia entra en default (suspensión de pagos) el próximo año, lo que significa que tendrá dificultades para pagar los salarios de los funcionarios públicos y financiar los programas que necesita el país. El tema es delicado. Por eso es que lo responsable es avanzar en el debate, la discusión y aprobación de una ley de rescate como la propuesta. El escenario es totalmente distinto al que históricamente ha tenido el país. O nos salvamos o nos jodemos. Aquí no hay más alternativas.
FMI y gasto público
SEMANA: ¿Esta propuesta facilitaría una nueva negociación con el Fondo Monetario Internacional o se trata de procesos independientes?
M.G.: Sin lugar a dudas. En las conversaciones que hemos sostenido con el FMI durante las últimas semanas, la principal preocupación de la comunidad financiera internacional ha sido la sostenibilidad de las finanzas públicas de Colombia. El análisis se ha centrado en las alternativas disponibles y en la necesidad de un plan de ajuste fiscal.
J.M.R.: Hay mucho interés de los inversionistas internacionales en Colombia porque el gobierno de Abelardo de la Espriella genera confianza. Pero esa confianza depende de dos factores que se complementan: el ajuste fiscal y el crecimiento económico. Sin ajuste no habrá crecimiento, y sin crecimiento será difícil sanear las finanzas públicas. La Ley de Rescate busca enviar esa señal de confianza y evitar que el país se vuelva inviable, comprometiendo el futuro de las nuevas generaciones.
SEMANA: La reforma propone un fuerte recorte del gasto público y facultades para que el presidente fusione o cierre entidades. ¿Cómo responder a la preocupación de los empleados estatales por sus puestos de trabajo?
J.M.R.: El ejemplo empieza por casa. El primer esfuerzo del Gobierno es reducir el gasto burocrático y el derroche. En cuatro años, el Gobierno anterior sobreendeudó al país y multiplicó por cuatro la diferencia entre ingresos y gastos mensuales. Es como vivir del tarjetazo hasta que a uno nadie quiere prestarle. Al llegar, encontramos contratistas que ni siquiera iban a trabajar, corbatas que ocupaban sus puestos por cuotas políticas. Eso debe acabarse, al igual que las contrataciones billonarias de última hora para gastos innecesarios. Esos recursos deben destinarse a infraestructura e inversión social. Además, el crecimiento y la inversión permitirán crear empleo productivo y valioso para Colombia.
M.G.: El proyecto propone reducir 50 % las órdenes de prestación de servicios, una modalidad de contratación en la que hay mucha politiquería y corrupción. También plantea limitar el aumento de las compras estatales a la inflación y vender activos improductivos. La SAE, por ejemplo, tiene lanchas, aviones, centros comerciales, bodegas y apartamentos que, en lugar de generar ingresos, representan costos. Su venta permitiría obtener recursos para reducir la deuda pública. En un momento de estrechez fiscal, no podemos mantener esas ineficiencias. Siete de cada diez pesos del ajuste propuesto provendrán del Estado.
SEMANA: ¿Esto significa que los empleados de planta no deben preocuparse y que los recortes se concentrarán en los contratistas por prestación de servicios?
M.G.: Lo primero que vamos a hacer es eso. De hecho, ya a finales de este año, se terminan las órdenes de prestación de servicios que firmó el gobierno anterior.
SEMANA: ¿Qué otras medidas proponen para recortar los gastos del Estado?
M.G.: También revisaremos las 260 partidas de transferencias del Estado, algunas justificadas y otras no, que dispersan los recursos del presupuesto y dificultan su control, propiciando casos de corrupción. Además, hay más de 50 fondos que manejan billones de pesos sin suficiente vigilancia. Lo que uno se da cuenta cuando está en el Ministerio de Hacienda es que el problema no es de plata. Plata hay, pero se está utilizando muy mal. Nosotros creemos que sin corrupción y sin derroche la plata alcanza.
Las propuestas tributarias
SEMANA: Varios gobiernos han intentado reformar el IVA, pero es una medida impopular que genera resistencia en el Congreso y entre los ciudadanos. ¿Por qué insistir en modificar este impuesto y no otros?
J.M.R.: Porque la prioridad del gobierno de Abelardo De La Espriella tiene que ser lo social y arrancar por solucionar una injusticia. No es justo que los más vulnerables del país paguen IVA por una cantidad de productos. Por eso, a 19 millones de colombianos les vamos a devolver ese IVA. Eso significa para algunos cerca de 220.000 pesos mensuales.
SEMANA: Pero el programa de devolución del IVA no es nuevo. ¿Qué cambia?
J.M.R.: Que se amplía el número de beneficiarios. Nunca en Colombia se había hecho una revolución social de esta naturaleza. Es lo más progresivo en la historia reciente del país. Además de devolverle a 19 millones de colombianos el IVA que están pagando, a otros 16,5 millones les vamos a devolver hasta el 50 % del IVA. O sea, dos de cada tres colombianos se van a beneficiar con esta reforma. Y eso es un compromiso social gigantesco. Que 36,5 millones de colombianos tengan un beneficio me parece muy significativo. ¿Cómo se va a lograr eso? El 70 % del ajuste vendrá de reducir la burocracia, el derroche y los activos improductivos del Estado. El 30 % restante lo aportarán quienes tienen más recursos, es decir, uno de cada diez colombianos.
SEMANA: Su propuesta es devolver el IVA mediante la factura electrónica, pero muchos posibles beneficiarios compran en establecimientos que no la expiden. ¿Cómo recibirán la devolución en esos casos?
M.G.: La devolución del IVA empieza el primero de enero de 2028. Tenemos un año para prepararnos. En ese tiempo haremos una campaña para dotar de tecnología a los tenderos y negocios que aún no utilizan factura electrónica. Hoy existe una amplia cobertura de medios de pago digitales, que aprovecharemos para devolver el IVA y promover la formalización. Cada mes, los beneficiarios recibirán una notificación en su celular sobre el dinero consignado por la Dian. Eso va a hacer que la gente sea consciente no solo del beneficio del IVA, sino del fenómeno de equidad social que implica esta estrategia, pues las personas de mayores ingresos no van a tener ese derecho.
J.M.R.: Y para aquellos que por alguna razón no lo puedan hacer con factura electrónica, se establecerá un tope mínimo que recibirán de devolución de IVA. Pero lo cierto es que hoy, un 96 % de los adultos del país tienen al menos un producto financiero, así sea electrónico. Así, por ejemplo, por la vía de Bre-B, podrían recibir parte del recurso e incluso se podrán usar giros postales.
SEMANA: La reforma propone subir al 19 % el IVA de varios bienes hoy exentos, excluidos o gravados al 5 %. ¿Por qué incluir productos de la canasta familiar, como el café, el azúcar y las pastas, que afectarían el bolsillo de los consumidores?
M.G.: Como a las personas de menores ingresos les vamos a devolver el IVA que van a pagar, para ellos es indiferente. Claro, las personas de mayores ingresos sí van a sentir el aumento. Lo más importante es el impacto social. Por primera vez podremos devolver el IVA a quienes no deberían pagarlo. Me atrevo a decir que esta podría ser la reforma tributaria más justa que se ha hecho en Colombia. Por eso creemos que el proyecto puede aprobarse en el Congreso, cuando se entienda su beneficio para los colombianos de menores ingresos.
Medicina prepagada e impuestos saludables
SEMANA: La reforma busca proteger la salud, pero propone excluir del IVA las pólizas y los planes complementarios, mientras que la medicina prepagada pasaría del 5 % al 19 %. ¿Por qué favorecer a las pólizas, que pueden ser más costosas que la medicina prepagada?
M.G.: Porque las pólizas de salud benefician, en general, a personas de menores ingresos, mientras que la medicina prepagada se concentra en los de mayores recursos. El esquema actual permite incentivar que la gente se asegure en salud, lo que ayuda a aliviar la carga sobre el sistema, pero también implica que quienes tienen mayor capacidad económica y utilizan estos mecanismos hagan un esfuerzo adicional.
SEMANA: Varios sectores afectados por la reforma advierten sobre posibles pérdidas de empleo y caídas en el consumo. ¿Cómo responderán a estas preocupaciones y a las presiones que enfrentarán en el Congreso?
J.M.R.: Toda Colombia debe preguntarse qué pasaría si no se aprueba esta reforma. Podríamos tener un millón más de personas en situación de pobreza, una recesión que afectaría a todos los sectores, mayor inflación e incluso hiperinflación. También enfrentaríamos el riesgo de default, con graves consecuencias para las finanzas del país. Ante ese escenario, deben primar los intereses nacionales sobre los particulares. O salimos juntos de esta crisis o nos hundimos todos. Y ahí es cuando tiene sentido el debate en el Congreso de la República y con los distintos actores que eventualmente puedan tener uno u otro impacto por la reforma.
SEMANA: También se había planteado eliminar los impuestos saludables. ¿Por qué finalmente decidieron mantenerlos?
M.G.: Llevamos meses trabajando en este complejo ajuste, evaluando qué ingresos podemos eliminar y cuáles debemos mantener. Podríamos suprimir los impuestos saludables, pero tendríamos que encontrar recursos equivalentes para compensarlos. Por eso concluimos que era necesario conservarlos.
SEMANA: En renta, la propuesta busca ampliar la cantidad de personas naturales que declaran y pagan impuestos, mientras se reduce la carga de las empresas. ¿Por qué decidieron bajar el umbral de tributación y cómo definieron ese límite?
J.M.R.: Con esta ley de rescate buscamos una tributación más progresiva, ampliando la base de contribuyentes con cargas mínimas. El inicio es por encima de los 5 millones de pesos mensuales, pero con un pago del orden de 15.000 pesos mensuales, que no es significativo. Al mismo tiempo, proponemos reducir del 35 % al 31 % el impuesto de renta para el 90 % del tejido empresarial, que son las micros y pequeñas empresas, los emprendedores y los independientes. Con ello buscamos estimular la inversión, generar empleo y promover el crecimiento económico.
SEMANA: Pero el sector financiero sí se quedaría con la sobretasa que le impusieron en el gobierno pasado.
J.M.R.: Esta sobretasa representa una fuente importante de ingresos adicionales para la Nación y se mantendría hasta 2030.
SEMANA: ¿Cuáles son los cambios que plantean en el impuesto al patrimonio?
M.G.: Se subió un poco la base, pero mantenemos ese impuesto porque grava a quienes tienen mayores recursos. La justicia tributaria es clave en esta ley: todos debemos contribuir al ajuste, aunque según nuestra capacidad económica. Buscamos una estructura tributaria más equitativa.
J.M.R.: El proyecto de ley de rescate tiene una concepción clara. Quien es más vulnerable, va a recibir. Y quien tiene más ingresos va a contribuir. Y el primero que va a contribuir, dando ejemplo, es el Estado. Siete de cada 10 pesos los pone el Estado, apretándose el cinturón.
Clase media y Congreso
SEMANA: La reforma también propone aumentar los aportes a salud de los asalariados, una medida que, combinada con los cambios en el IVA y en renta, para muchos implica un golpe a la clase media, ¿es así?
M.G.: Hasta dos salarios mínimos se mantiene la misma tarifa de los aportes de salud, que es el 4 %. Después sube gradualmente hasta llegar a 8 %, que es el nivel máximo, que pagarán, obviamente, las personas que tengan salarios los más altos. La salud necesita más recursos porque el Gobierno anterior dejó el sistema en una profunda crisis. Este gasto ya supera al de educación en el Presupuesto Nacional y seguirá aumentando por el envejecimiento de la población. Por eso proponemos aportes progresivos, para que quienes más ganan contribuyan más. Estamos aprovechando esta ley para darle unos recursos adicionales a la salud, que estimamos en unos 30 billones de pesos.
J.M.R.: Primero, dos de cada tres personas van a recibir del Estado, así compensan parte de lo que vayan a pagar. Segundo, los primeros beneficiados con la disminución del impuesto de renta de persona jurídica son los micronegocios y los pequeños empresarios independientes, que son la clase media. Tercero, el 97 % de los pagos fiscales solo lo va a cubrir el 10 % de los colombianos. El peor escenario para la clase media sería mantener tasas de interés altas, inflación y dificultades presupuestales, riesgos que buscamos evitar con la reforma. Aunque habrá contribuciones adicionales, las devoluciones compensarán su impacto. Al final, el mayor esfuerzo tributario recaerá en uno de cada diez colombianos.
SEMANA: Muchos congresistas estarían entre los contribuyentes más afectados por la reforma. ¿Temen que esto dificulte su aprobación o confían en que primará la responsabilidad con el país?
M.G.: Creo que el Congreso comprende la gravedad de la situación. El debate será difícil, pero confío en que los congresistas entiendan que el ajuste es inevitable para evitar una crisis mayor. La reforma tiene un importante componente social y busca poner en cintura al Estado, cuyo crecimiento, derroche e ineficiencia son insostenibles. Espero que el Congreso valore estos beneficios para los más vulnerables y la necesidad de corregir el funcionamiento del Estado.
J.M.R.: Los cuatro años del gobierno anterior nos dejaron hundidos y jodidos. O sea, el endeudamiento lo aumentó de 800 a 1.200 billones de pesos. Cada colombiano hoy debe 8 millones de pesos más por culpa de Petro. Así de sencillo, hay que decirlo de frente. Segundo, multiplicó por cuatro la diferencia entre gastos e ingresos. Duplicó el costo de la deuda pública. O sea, pagamos dos veces más en intereses de la deuda pública. Y mientras tanto, el reloj corre y corre y corre. Tenemos que salir del hueco en que nos dejaron y para eso necesitamos esta ley de rescate. El Congreso debe actuar con responsabilidad porque nos jugamos el todo por el todo: o nos salvamos o nos jodemos. La reforma permitirá conseguir los recursos para superar la crisis fiscal, recuperar la salud, apoyar a las empresas, especialmente a las microempresas, y garantizar un futuro viable para las nuevas generaciones.
SEMANA: Finalmente, ¿cuántos recursos espera recaudar el Gobierno con este paquete de medidas?
M.G.: El déficit que debemos financiar está entre 80 y 90 billones de pesos. Esta ley contempla medidas de corto plazo, pero el ajuste total requerirá otras decisiones en el Plan Nacional de Desarrollo. Más que el costo del ajuste, debemos considerar cuánto nos costaría no hacerlo. Colombia ha evitado crisis fiscales profundas gracias al manejo responsable de sus finanzas, pero no podemos darlo por sentado.