La herencia que en materia fiscal recibió el Gobierno de Abelardo De La Espriella es crítica y tiene en jaque las cuentas de la nación. Durante la administración de Gustavo Petro, el nivel de gasto se disparó y la deuda llegó a niveles históricamente altos (1.085 billones de pesos), con un costo de financiamiento que viene creciendo. Hoy, de cada tres pesos que se recaudan, uno se destina al pago de intereses. El crecimiento económico es deficiente, la confianza inversionista está averiada y no hay seguridad jurídica. Asimismo, el sistema de salud está en alerta y los retos sociales son inmensos, más aún después del terremoto que sacudió una amplia zona del país el pasado 10 de agosto y cuya atención requiere una inyección decidida de 58,29 billones de pesos. Para 2026, el Comité Autónomo de la Regla Fiscal (Carf) estima un déficit total de 7,8 por ciento del PIB.
En el Gobierno Petro, la plata de los colombianos se diluyó entre el derroche y la corrupción. La crisis reclama una solución urgente y la palabra ahora la tiene el Congreso.
Para enfrentar esta situación y empezar a poner la casa en orden, el actual Gobierno presentó el proyecto de ley de rescate económico, que tiene tres objetivos: salvar la economía de una hecatombe fiscal, aumentar el ingreso de 35 millones de colombianos y promover la inversión y el empleo. El recorte en el gasto del Estado no tendría precedentes.
“La administración anterior dejó activada una bomba de tiempo que, si no suprimimos, tendría consecuencias devastadoras para todos los colombianos, especialmente para la población más vulnerable”, dijo el Ministerio de Hacienda en la exposición de motivos.
Pero el vicepresidente José Manuel Restrepo fue más allá. “Nunca antes en la historia de este país un Gobierno había sido tan irresponsable como el que sucedió en los últimos cuatro años en materia de sobreendeudamiento”. Y agregó en la presentación del proyecto de ley: “Nos dejaron jodidos como país, nos dejaron en la inmunda”.
El proyecto plantea seis frentes de acción. El primero, que concentra dos terceras partes del ajuste fiscal, busca reducir el gasto estatal mediante recortes en funcionamiento, contratación, personal y subsidios mal focalizados, además de fortalecer la financiación de la salud y vender activos públicos.
El segundo crea EfectIVA, un mecanismo de devolución del IVA a hogares vulnerables, y elimina beneficios tributarios. El tercero pretende impulsar el crecimiento, la inversión y el empleo mediante menores impuestos a las empresas, protección de la industria nacional y mayores recursos para las regiones. El cuarto ofrece incentivos y estabilidad jurídica para atraer inversiones. El quinto fortalece las instituciones fiscales. Y el sexto trata de mejorar la gestión de la Dian y combatir la evasión y el contrabando.
Cambios tributarios
El proyecto del Gobierno de Abelardo De La Espriella propone reorganizar el sistema tributario: reducir impuestos a algunas empresas y limitar el gravamen al patrimonio, mientras aumenta el recaudo con mayores cargas sobre el consumo, la renta de personas naturales, y bienes y servicios que hoy tienen beneficios tributarios.
Uno de los cambios de mayor envergadura está en el impuesto al valor agregado (IVA). El proyecto mantiene la tarifa general del 19 por ciento, pero reduce la cantidad de productos y servicios que están excluidos o que tienen tarifas preferenciales.
Martha Reyes, socia de Impuestos de la oficina Colombia de BDO Interaméricas, precisa que la propuesta “no eleva la tarifa general del IVA por encima del 19 por ciento”, pero la sube para aquellos bienes que están por debajo. Así, licores, vinos y aperitivos pasarían del 5 al 19 por ciento, al igual que vehículos eléctricos e híbridos, motos y bicicletas eléctricas.
De la misma manera, los computadores de escritorio y portátiles de bajo costo, es decir, cuyo precio no supera los 2,62 millones de pesos, así como celulares y tabletas de hasta 1,15 millones, que actualmente están excluidos del IVA, subirían al 19 por ciento.
“Las licencias de software para contenidos digitales, páginas web, hosting y nube dejarían de estar excluidas. Los envíos urgentes o postales de hasta 200 dólares perderían la no causación y pagarían la tarifa del bien; es lo que usualmente se compra en plataformas como Temu, Shein y Amazon. El turismo prestado a no residentes y el internet fijo de estratos 1 y 2 pasarían de exentos a gravados. Las apuestas por internet quedarían con 19 por ciento sobre una base especial”, explica Reyes.
Otro cambio importante se daría con los planes voluntarios de salud. La medicina prepagada, que actualmente tiene una tarifa de IVA de 5 por ciento, subiría al 19. Así, para un plan cuyo precio antes de IVA sea de un millón de pesos, el impuesto aumentaría de 50.000 a 190.000 pesos si se mantiene la misma base de cobro. No obstante, habría un beneficio para las pólizas y los planes complementarios de salud, que ya no tendrían la tarifa del 5 por ciento para pasar a formar parte del grupo de los excluidos de IVA a partir de 2028.
En materia de alimentos, la reforma conserva tratamientos favorables para numerosos productos básicos, como carnes, leche, huevos, pescado, miel natural, papas, yuca y algunas hortalizas. Sin embargo, propone retirar algunas exclusiones, entre ellas las del café procesado, cereales, harinas, aceites en bruto, azúcar, melaza, chocolate, pastas, edulcorantes, alimentos para animales, frutas frescas, determinadas hortalizas, leguminosas secas, maíz para consumo humano, café crudo, cebada, cacao, sal, queso fresco, bovinos vivos, pollitos de un día y camarones de cultivo.
Lo mismo ocurriría con las entradas a espectáculos culturales y deportivos, incluido el cine, que podrían quedar gravadas con la tarifa general, salvo cuando tengan otro tratamiento especial, así como determinados servicios cooperativos de vigilancia, supervisión, conserjería, aseo y empleo temporal, que pasarían de pagar 5 a 19 por ciento.
Devolución del IVA
Como contrapartida de los mayores gravámenes sobre el consumo, el Gobierno propone crear la devolución EfectIVA, un mecanismo para compensar el IVA pagado por personas en situación de pobreza extrema, pobreza y vulnerabilidad.
La idea es ofrecer una devolución del ciento por ciento del impuesto efectivamente pagado para el grupo de menores ingresos y del 50 por ciento para otro segmento vulnerable. La iniciativa calcula que podrían beneficiarse 19 millones de colombianos.
El mecanismo utilizaría información de las compras, la facturación electrónica y las bases de datos de focalización social para identificar beneficiarios y establecer los valores que deben devolverse.
Los pagos se realizarían mediante mecanismos digitales o financieros autorizados, con controles para impedir devoluciones duplicadas o indebidas. La propuesta también contempla procedimientos para atender a personas que no puedan utilizar canales electrónicos.
Más personas a pagar renta
La reforma también modifica las tarifas y los beneficios del impuesto de renta personal. Actualmente, la tabla ordinaria comienza a aplicar desde una renta líquida gravable anual superior a 57,1 millones de pesos. El proyecto reduce ese umbral a 37,7 millones, equivalentes a unos 3,14 millones mensuales de renta gravable.
Esto no significa que todos los trabajadores con salarios de ese valor deban pagar renta, porque antes se descuentan los conceptos permitidos por la legislación tributaria.
El proyecto mantiene tarifas progresivas, pero cambia los rangos. La tarifa marginal máxima del 39 por ciento comenzaría a aplicarse desde una renta gravable anual de aproximadamente 454,1 millones de pesos, frente a un umbral mucho más alto en el régimen vigente.
Además, se conserva la exención del 25 por ciento de las rentas laborales, pero reduce su límite anual de 41,4 millones a 33 millones de pesos, calculados con los valores tributarios de 2026. Estimaciones del ministerio, mencionadas por la experta de BDO, indican que este recorte empezaría a tener efecto en trabajadores con ingresos brutos cercanos a 12 millones de pesos mensuales, frente a aproximadamente 15 millones bajo las reglas actuales. Además, desaparecería la deducción adicional de 72 UVT por dependiente, equivalente a unos 3,8 millones al año por dependiente, aclara Reyes.
Alivios para empresas
En contraste, el proyecto plantea bajar la tarifa general de renta de las sociedades del 35 por ciento actual al 33 por ciento en 2027 y al 31 por ciento desde 2028.
Sin embargo, la reducción no sería uniforme. Instituciones financieras, aseguradoras, reaseguradoras y determinados operadores de los mercados de valores y productos agropecuarios quedarían sujetos a una sobretasa. Su tarifa total sería del 38 por ciento en 2027 y del 36 por ciento entre 2028 y 2030, cuando cumplan las condiciones establecidas.
También se proponen alivios en el impuesto al patrimonio. Actualmente, el gravamen se causa sobre patrimonios líquidos que superan aproximadamente los 3.771 millones de pesos. El proyecto eleva el umbral a unos 5.002 millones y establece tarifas marginales del 0,5 y el 1 por ciento. Adicionalmente, plantea limitar la vigencia del tributo a los años gravables 2027, 2028, 2029 y 2030, mientras que el régimen ordinario actual tiene carácter permanente.
Ruge, a invertir
Una de las novedades empresariales del proyecto es la creación del Régimen Único para Generar Estabilidad Empresarial (Ruge), destinado a atraer nuevos proyectos de inversión mediante beneficios tributarios y reglas de estabilidad.
Para acogerse, las empresas deberán comprometer inversiones mínimas que dependerán de su actividad. En infraestructura, energía y recursos naturales, el monto sería de aproximadamente 426.324 millones de pesos; en industria y economía digital, de 289.628 millones; y en agroindustria, turismo, servicios y otras actividades, de 135.125 millones. Estas equivalencias corresponden al valor tributario de 2026.
Los proyectos tendrían plazos de ejecución de ocho, seis y cinco años, respectivamente. La iniciativa contempla una tarifa especial de renta del 20 por ciento para aquellos que comiencen a ejecutarse en 2027 o 2028, y del 26 por ciento para los que se inicien en 2029, siempre que cumplan los requisitos de ingreso y permanencia.
Poda al gasto
Con la ley de rescate económico, el Gobierno apuesta por aumentar los ingresos tributarios y recortar el gasto público, como lo han recomendado el Carf y varios centros de pensamiento.
El ajuste propuesto equivale al 2,2 por ciento del PIB, unos 45 billones de pesos. El 70 por ciento provendría de recortes y mayor eficiencia del Estado, cuyo tamaño se busca reducir en 15 por ciento. El 30 por ciento restante se obtendría mediante cambios tributarios y en la seguridad social.
Para disminuir lo que los funcionarios del gabinete mencionan como “derroche del gasto público”, el proyecto apunta a varias estrategias, pero dos terceras partes del ajuste fiscal las pone la reducción del Estado. Así, se plantea la disminución del 20 por ciento en gasto de personal, dejando por fuera de esa medida a la fuerza pública. En cambio, en la Rama Ejecutiva pasarán la podadora por los contratos de prestación de servicio, que ya venían siendo criticados debido al aumento desmedido que tuvieron en el Gobierno anterior. Ahora, la propuesta busca que, desde 2027, las entidades públicas disminuyan en 50 por ciento, frente al año inmediatamente anterior, el costo de los servicios profesionales y de apoyo a la gestión contratados a través de las famosas OPS.
La austeridad es un mantra en la iniciativa. Por lo tanto, se establece como objetivo que desde 2028 el gasto en personal no podrá crecer por encima de la inflación. Además, en el periodo que va de 2029 a 2030, solamente podrá incrementarse hasta la inflación más 0,5 puntos porcentuales. El interrogante que surge es si, para lograr esa meta, los salarios en lo público no subirán más allá del índice de precios al consumidor de esos años.
El esfuerzo fiscal desde el punto de vista de los recortes tiene un tiempo establecido. Por ejemplo, se exigirán límites al crecimiento de gastos de adquisición de bienes y servicios durante tres años: entre 2027 y 2030. De esa manera, se habla de restricciones estrictas en horas extras, viáticos y viajes, estos últimos, con demanda de recursos para tiquetes aéreos, alojamiento, alimentación y desplazamientos de funcionarios.
Igualmente, ahora pondrán la macrolupa a los contratos de arrendamiento que no sean esenciales para devolver inmuebles. Es el caso expuesto recientemente por el ministro de Agricultura, Indalecio Dangond, quien denunció el pago de cerca de 700 millones de pesos mensuales en arriendo al que se veía obligada esa cartera debido al abandono e incumplimiento en las obras de remodelación de su propia sede.
Con las restricciones al gasto también quedan prohibidas las fiestas, recepciones o condecoraciones que generen desembolsos innecesarios. Y el gasto en pauta y publicidad oficial será otro de los sacrificados. Salvo excepciones justificadas, no se pondrá plata pública en avisos y queda totalmente vetada la promoción personal de funcionarios.
Otra de las piezas del recorte es el encogimiento del Estado. Para ello, se entregarán facultades extraordinarias al presidente De La Espriella a fin de que por seis meses pueda hacer la poda institucional. Así, podrá suprimir, fusionar o escindir entidades, redistribuir funciones y ajustar plantas con el propósito de corregir duplicidades. En busca de tener un polo a tierra en este sentido, el texto propuesto incluye la utilización de criterios técnicos, la prioridad para suprimir vacantes y empleos temporales, y la protección de derechos laborales. Todo ello sería objeto de seguimiento por parte del Congreso.
Seguridad social, en la mira
Un tema grueso para buscar recursos públicos, a partir de la eliminación de beneficios que están hoy vigentes, es la seguridad social, alrededor de la cual se plantea una fuerte transformación, que implicará un mayor costo en la contratación formal de trabajadores.
El artículo 20 modifica las exoneraciones que se crearon sobre los llamados aportes parafiscales, justamente para reducir el peso sobre la nómina y la contratación laboral. Hasta ahora, cuando el empleado gana hasta 10 salarios mínimos, el empleador está exonerado del pago del 8,5 por ciento del aporte a salud, el 2 por ciento al Sena y el 3 por ciento al ICBF. De aprobarse la ley, dicha exoneración solo aplicará para ingresos hasta de dos salarios mínimos.
En el caso de los trabajadores que coticen al sistema de salud, que actualmente ponen un 4 por ciento del porcentaje total de este costo, cuando devenguen hasta dos salarios mínimos, quedan igual, sin cambio. Mientras que, entre dos y cuatro salarios mínimos, la cotización será diferencial de 5,5 por ciento. Entre cuatro y cinco salarios mínimos, su aporte sube a 6 por ciento y así sucesivamente.
El proyecto de ley también introduce una reforma a la regla fiscal, que es la herramienta creada para garantizar que las finanzas públicas se mantengan sanas. Ahora se fija un límite a la deuda, equivalente al 71 por ciento del PIB, y, si se supera, se activan cláusulas de corrección automática que impondrán decretos inmediatos de recorte presupuestal, congelamiento de la contratación de personal, inversión y compras a niveles máximos equivalentes al IPC.
También hay propuestas para reforzar la lucha contra la evasión y el contrabando mediante un plan nacional con metas medibles y la modernización de la Dian. Incluye reglas tributarias para las criptomonedas, obligaciones y sanciones para los proveedores de facturación electrónica y premios en dinero para quienes exijan factura o denuncien su omisión.
Estas medidas buscan aumentar el recaudo sin recurrir exclusivamente a nuevos impuestos.
Si bien el ajuste suena doloroso, el vicepresidente José Manuel Restrepo sustentó que es el camino indicado para salvar al país de la quiebra. Ahora arranca la discusión del proyecto en el Congreso.