Los Centros de Apoyo Logístico de Evaluación (Cale), encargados de aplicar los nuevos exámenes teórico y práctico para obtener o recategorizar una licencia de conducción, se convirtieron en la joya de la corona de los organismos de apoyo al tránsito. Serán un lucrativo ecosistema de servicios obligatorios, pagados por los conductores, y entrarán a un sector en el que el control de otros trámites y certificaciones lleva años en disputa entre poderosos grupos económicos y políticos.
A las siete de la noche del pasado 31 de diciembre, un mes antes de que comenzaran a regir las restricciones de la Ley de Garantías, el Ministerio de Transporte suscribió un convenio interadministrativo a 20 años con la Universidad Nacional Abierta y a Distancia (Unad). El acuerdo fue firmado bajo la dirección de Lina Huari, entonces asesora del despacho y viceministra encargada. El convenio implica el manejo de aproximadamente 20 billones de pesos y al menos 5 billones en ganancias, sin contar la libertad de subcontratar y delegar varias de las funciones contempladas en los nuevos exámenes.
Pero el proceso avanzó bajo una tormenta jurídica. Otras universidades públicas reclamaron haber sido marginadas, mientras el expediente acumuló tutelas, derechos de petición y denuncias por presunta desviación de poder, interés indebido, direccionamiento y falta de transparencia.
SEMANA conoció que, pese a los reparos y días antes del final del gobierno del presidente Gustavo Petro, la exviceministra pisó el acelerador para dejar habilitados todos los centros de evaluación y expedir la circular externa con la que los exámenes entrarán en vigencia el próximo 14 de septiembre.
Por otro lado, ciudadanos y universidades que participaron en el proceso denunciaron a Huari y a María Fernanda Rojas, exministra de Transporte, por presuntos delitos e irregularidades que ponen en jaque la continuidad del proceso.
La Universidad Surcolombiana y la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (UPTC), participantes en este mecanismo, interpusieron una tutela reclamando por la falta de apertura para contratar a más de una institución.
El 17 de marzo de este año, la cartera respondió a la acción que, pese a que entregó la operación por 20 años, “la existencia de un contrato vigente con la Unad no cierra el sistema a la participación futura de otras instituciones de educación superior (IES)”. Agregó, además, que no es una “selección o escogencia monopólica”.
Sin embargo, la pluralidad que el propio Ministerio defendió ante el juez nunca se materializó. La Unad permaneció como único operador contratado; las demás universidades continuaron por fuera y llovieron denuncias contra la ministra y la viceministra (e).
A comienzos de julio, el abogado Diego Mauricio Ardila, quien representa a universidades participantes dentro del proceso, denunció penalmente a Huari y a Rojas, argumentando que incurrieron en “falsa motivación, desviación de poder, desconocimiento del procedimiento reglado, violación de la confianza legítima, afectación de la libre competencia y evidente favorecimiento contractual indebido”.
Dijo que Huari “alteró” el proceso para que se escogiera a solo una universidad, “con base en argumentos ficticios, y con la inclusión de reglas y requisitos extralegales”. De acuerdo con el denunciante, cinco universidades habrían cumplido e incluso con mayor capacidad institucional que la Unad.
“El Ministerio no estaba ante una única institución viable, ni ante un escenario de ausencia de oferta pública. Existían cinco IES públicas con concepto favorable o cumplimiento mínimo”, manifestó Ardila en el documento radicado ante la Fiscalía General de la Nación.
Igualmente, días después, radicó una queja disciplinaria ante la Procuraduría General de la Nación en la que pidió evaluar posibles faltas de la exministra y exviceministra en el marco del contrato.
Y pide investigar si la decisión de solo contratar a la Unad “obedeció a una decisión técnica y legalmente justificada o si, por el contrario, implicó desviación de la finalidad pública, afectación de la libre concurrencia, desconocimiento de la igualdad de trato y favorecimiento disciplinariamente relevante”.
La contrarreloj
El 24 de julio, a través de documentos firmados por sus respectivos rectores, la Universidad Surcolombiana y la UPTC exigieron que se les diera espacio en el convenio: “El proceso de contratación con la Unad fue el único contrato firmado, permitiéndole, en un acto de ventaja ilegal, iniciar en solitario la implementación y prestación del servicio, cerrando el mercado temporalmente para las demás IES”.
Pero ese mismo día, la cartera aprobó nueve sedes de las 32 necesarias para iniciar operaciones por parte de la Unad y dejó 23 de ellas pendientes. En el oficio, piden que la institución “realice las subsanaciones correspondientes”.
Sin embargo, SEMANA conoció un documento del 25 de julio en el que el Runt certifica que a la fecha no había ningún Cale registrado. Días después, el 30 de julio, la misma Huari dejó por escrito en una respuesta al abogado Diego Ardila que no habían culminado la fase de registro de los centros.
Pero el 3 de agosto, solo cuatro días antes de que se terminara el Gobierno Petro, enviaron un oficio al Runt para inscribir oficialmente los 32 centros de evaluación con el fin de que entrara en vigor el requerimiento.
SEMANA identificó que, entre el oficio del 24 de julio y el listado aprobado el 3 de agosto, cambiaron al menos siete direcciones. Medellín, Bogotá Sur, San José del Guaviare, Bucaramanga, Armenia, Yopal y Bogotá Centro, esta última pese a que ya figuraba entre las nueve sedes aprobadas. Algunas variaciones parecen simples ajustes de nomenclatura, pero otras involucran calles, carreras, locales o lugares distintos, sin explicación dentro de los registros del Ministerio de Transporte.
Al día siguiente, el 4 de agosto, Huari emitió la resolución que pone en marcha oficialmente los Cale, con entrada en vigencia del 14 de septiembre.
Pero el 5 de agosto, un día después de dejar en marcha el modelo, la entonces ministra, María Fernanda Rojas, frenó en seco a la exviceministra, exigiéndole abrir el sistema a otras universidades con el fin de no generar un monopolio.
“Ni la ley ni la resolución consagran monopolio, exclusividad o reserva alguna en favor de una única institución. (...) En consecuencia, la circunstancia de que existan convenios o contratos ya suscritos y en ejecución no cierra el sistema ni excluye la vinculación de otras IES públicas que acrediten los requisitos reglamentarios”, ordenó en un memorando.
Y agregó: “Abstenerse de adoptar interpretaciones, prácticas o decisiones administrativas o contractuales que restrinjan injustificadamente la concurrencia”.
Finalmente, en el inicio del nuevo Gobierno, la Universidad Surcolombiana insiste, solicitando la revocatoria del convenio al Ministerio de Transporte: “Con efectos jurídicos propios, una decisión de contratación exclusiva con la Unad fundada en un análisis previo de manifestaciones de interés que transformó una verificación de requisitos mínimos en un ejercicio de escogencia excluyente”.
SEMANA se comunicó con Huari, quien negó que la operación hubiera sido concentrada en la Unad. Aseguró que el contrato no tiene cláusulas de exclusividad, que esa universidad presentó “la propuesta más sólida” y que el MinTransporte puede vincular otras instituciones.
Frente al registro de los centros, Huari respondió: “El trámite del registro corresponde a la Subdirección de Tránsito. Las solicitudes se radicaron en mayo y la Concesión Runt me confirmó el registro el 3 de agosto. La Subdirección verificó que cada sede cumpliera, uno por uno, todos los requisitos”.
Dijo, además, que la orden de la exministra Rojas llegó el 6 de agosto, horas antes de abandonar el Gobierno, y la responsabilizó, dado que fue ella quien le delegó la gestión del convenio de los Cale: “La ministra en cualquier momento podría haber recogido la delegación y ordenarme a mí o a otro funcionario celebrar más convenios”.
El nuevo Gobierno recibió 32 Cale habilitados contrarreloj, un único operador contratado, una orden de pluralidad sin materializar y varias denuncias sobre el proceso. Antes de que el examen sea obligatorio, deberá decidir si mantiene el modelo, vincula a las universidades excluidas o atiende la solicitud de revocatoria.