A pocas horas de que Colombia acuda a las urnas para elegir a los nuevos integrantes del Congreso de la República y participar en varias consultas interpartidistas que definirán candidaturas presidenciales, diferentes regiones del país enfrentan un complejo panorama de seguridad que amenaza con afectar el normal desarrollo de la jornada electoral de este domingo 8 de marzo.
Diversos reportes de autoridades territoriales y fuentes de seguridad indican que numerosos puestos de votación ubicados en zonas rurales y apartadas permanecen en riesgo debido a la presencia y presión de grupos armados ilegales que delinquen en esos territorios. Entre las organizaciones señaladas se encuentran las disidencias de las Farc, el Clan del Golfo, el Ejército de Liberación Nacional y la estructura criminal conocida como Conquistadores de la Sierra.
La situación se presenta en departamentos estratégicos del país como Valle del Cauca, Cauca, Caquetá, Putumayo, Arauca, Norte de Santander, Bolívar, Antioquia, Chocó, Córdoba, Nariño y Cesar, donde la presencia de estas organizaciones armadas ha generado preocupación entre autoridades locales, líderes políticos y organismos electorales. En varias de estas zonas, los grupos armados mantienen disputas por el control territorial, economías ilegales y corredores del narcotráfico, lo que históricamente ha impactado la participación democrática y la seguridad de las comunidades.
Uno de los departamentos donde la situación provoca mayor alerta es el Valle del Cauca. Allí, varias mesas de votación ubicadas en la zona rural del municipio de Jamundí no abrirán debido a amenazas directas de estructuras armadas.
Las mesas ubicadas en Timba, La Liberia, La Meseta, Villacolombia, Ampudia y San Antonio no tendrán funcionamiento durante la jornada electoral por la presión ejercida por la columna Jaime Martínez, estructura armada perteneciente a las disidencias de las Farc que mantiene presencia en esa zona montañosa del suroccidente del país.
Estas áreas rurales han sido escenario en los últimos años de enfrentamientos armados, amenazas a líderes sociales y ataques contra la fuerza pública, lo que ha dificultado la presencia institucional y el desarrollo de procesos democráticos.
El panorama se repite en otros departamentos considerados críticos por las autoridades electorales. Un informe reciente asegura que los territorios con mayor número de municipios priorizados por riesgos de seguridad electoral son Antioquia con 27 municipios, Cauca con 26, Norte de Santander con 14, Cesar con 13 y Chocó, Córdoba y Nariño con 12 cada uno. Valle del Cauca aparece en esa lista con 11 municipios bajo especial vigilancia.
Estas cifras reflejan la magnitud del desafío que enfrentan las autoridades para garantizar que la jornada electoral pueda desarrollarse con normalidad en amplias zonas del territorio nacional.
A este escenario de tensión se suman hechos recientes de violencia que han encendido las alarmas en varias regiones. Uno de los casos más graves ocurrió en el departamento de Nariño, donde fue asesinado Héctor Cabrera Tarazona, hermano de la candidata a la Cámara de Representantes y exalcaldesa de Policarpa, Claudia Cabrera.
Según la información conocida, hombres armados llegaron hasta la vivienda de la víctima en el casco urbano del municipio de Policarpa, lo sacaron por la fuerza frente a sus hijos y lo obligaron a subir a un vehículo. Minutos después fue encontrado sin vida a unos 15 minutos del lugar donde había sido retenido. Las autoridades investigan la posible responsabilidad de estructuras armadas que hacen presencia en esa zona del departamento, particularmente el frente Franco Benavides, que delinque bajo el mando de Iván Mordisco, identificado por organismos de seguridad como uno de los principales cabecillas de las disidencias.
Esta estructura es señalada por autoridades de controlar corredores estratégicos para el narcotráfico y ejercer presión armada sobre varias comunidades.
Tras conocer el crimen, la candidata Claudia Cabrera se pronunció públicamente y denunció que su familia vuelve a ser víctima de la violencia que golpea al departamento.
“Hoy asesinaron a mi hermano Chepe. Una vez más la violencia golpea a mi familia y a nuestra tierra. Este país no puede seguir normalizando la muerte y la impunidad”, manifestó. En su declaración, Cabrera aseveró que, pese al dolor, continuará con su actividad política y con su aspiración al Congreso de la República.
“Hoy hablo con dolor, pero también con firmeza: no nos van a callar. Seguiremos luchando por la vida, la justicia y la paz”, afirmó. La dirigente política ha denunciado en varias oportunidades amenazas en su contra de grupos armados ilegales. Según señaló públicamente, estructuras vinculadas a las disidencias de las Farc la han intimidado en diferentes momentos debido a su actividad política en el departamento.
Mientras tanto, en el departamento de Caquetá las advertencias sobre los riesgos electorales también han sido contundentes. El gobernador denunció que días antes de las elecciones tres soldados del Ejército fueron asesinados mientras custodiaban zonas donde se instalarían puestos de votación.
Los uniformados se encontraban en labores de seguridad electoral cuando fueron atacados por integrantes de las disidencias de las Farc que operan en esa región amazónica.
En Caquetá tiene fuerte presencia la estructura disidente comandada por Calarcá, señalada por las autoridades de controlar amplios corredores rurales y de mantener una fuerte influencia sobre varias comunidades.
Tras el asesinato de los militares, el gobernador del departamento declaró que había solicitado previamente a la Registraduría trasladar algunos puestos de votación debido al alto riesgo de seguridad, pero sus advertencias no habrían sido atendidas.
Según denunció el mandatario regional, las disidencias también estarían ejerciendo presión directa sobre la población civil para manipular el proceso electoral.
El gobernador aseguró que alias la Morocha, integrante de esas estructuras armadas, habría obligado a habitantes de cabeceras municipales a trasladarse a zonas rurales para realizar la inscripción de sus cédulas. De acuerdo con la denuncia, estas acciones habrían sido ordenadas por el propio alias Calarcá con el objetivo de influir en los resultados electorales en determinadas zonas del departamento.
Este tipo de presiones sobre la población civil representan una de las principales preocupaciones de las autoridades en varios territorios del país, donde los grupos armados ilegales intentan incidir en la dinámica política local mediante intimidaciones o control territorial.
En departamentos como Arauca, Norte de Santander y Bolívar también se han reportado alertas por la posible interferencia de organizaciones armadas en el desarrollo de la jornada electoral.
En esas regiones confluyen disputas entre ELN, disidencias de las Farc y organizaciones criminales que buscan mantener el control de economías ilegales, lo que incrementa los riesgos para las comunidades y el normal desarrollo de las votaciones. El desafío para las autoridades es mayúsculo. Miles de uniformados de la fuerza pública han sido desplegados en todo el territorio nacional a fin de garantizar la seguridad de los puestos de votación y proteger a los votantes.
Sin embargo, la compleja geografía de algunas regiones, sumada a la fuerte presencia de grupos armados, hace que el control estatal sea limitado en ciertas zonas rurales.
La jornada electoral del próximo domingo será clave para definir la nueva composición del Senado y la Cámara de Representantes, además de servir como escenario para que varios partidos y movimientos políticos escojan a sus candidatos presidenciales mediante consultas internas.
Pero, más allá de la competencia política, la jornada también se convierte en una prueba para el Estado colombiano en su capacidad de garantizar el ejercicio democrático en territorios donde la violencia sigue marcando la vida cotidiana.
A pocas horas de la apertura de las urnas, la incertidumbre persiste en varias regiones del país, donde comunidades enteras esperan que las amenazas de los grupos armados no terminen silenciando su derecho al voto.