Candidatos blindados por escudos, escoltados por más de veinte uniformados y monitoreados 24 horas por unidades de inteligencia del Estado es la realidad de las 13 personas que aspiran a la Presidencia en 2026. El riesgo de seguridad que enfrentan los políticos es el reflejo de la crisis de orden público que afecta a Colombia. SEMANA revela la preocupante vulnerabilidad y las amenazas que podrían impactar, nuevamente, la jornada electoral del país.
Desde una sala de la Dirección de Protección y Servicios Especiales de la Policía, en Bogotá, se siguen los movimientos de los candidatos, mientras una docena de funcionarios les abren paso en las carreteras y aeropuertos para que no se vean afectados por los planes terroristas que han ideado en las montañas los hombres del Ejército de Liberación Nacional (ELN), las disidencias de las Farc y el Clan del Golfo, los grupos ilegales que estarían aguardando un espacio para disparar contra la democracia, según informes de la fuerza pública conocidos por esta revista.
Fuentes de inteligencia documentaron ante el Gobierno Petro que existen 23 expedientes por presuntos ataques que se materializarían antes de la primera vuelta, programada para el 31 de mayo, contra los aspirantes a la Casa de Nariño. Las informaciones han sido conocidas a través de llamadas telefónicas, mensajes de texto, redes sociales e infiltrados. La Dirección de Investigación Criminal de la Policía y la Fiscalía rastrean cada una de las pistas para frustrar cualquier acción terrorista.
Los 23 escenarios de riesgo están concentrados en siete candidatos. Abelardo de la Espriella, Paloma Valencia y Santiago Botero, que impulsan ideas de la derecha, son los que más acumulan peligros; luego están, con un expediente cada uno por amenazas, los aspirantes Roy Barreras, Carlos Caicedo, Mauricio Lizcano e Iván Cepeda.
Para prevenir cualquier acción ilegal, el Ministerio de Defensa ofreció una recompensa de hasta 1.000 millones de pesos a cambio de información que permita conocer los planes para atentar contra los candidatos. SEMANA constató con fuentes de la Policía que algunos ciudadanos ya empezaron a levantar la mano para alertar sobre las amenazas.
Por ejemplo, una llamada a esa institución encendió las alarmas sobre un inminente riesgo que corría Roy Barreras, el exembajador de Colombia en Reino Unido, en un evento público que encabezaría en la capital del país de cara a las consultas del 8 de marzo: “En la comunicación nos dijeron que se iba a materializar un plan para afectarlo. Ante esto, le informamos al candidato y se le sugirió no salir al espacio público hasta que se descartara la situación. Lo que hicimos fue llegar con más uniformados, controlar la zona y avanzar con la agenda del candidato”, explicó bajo reserva uno de los oficiales que se encarga de la seguridad de los políticos.
En otros escenarios, se les ha pedido a los aspirantes modificar sus rutas y esquivar los municipios donde hay presencia de actores ilegales. Las zonas con mayores peligros están ubicadas en Cauca, Norte de Santander y Arauca. Además de vetar algunos espacios, también se les ha pedido priorizar sus recorridos aéreos para disminuir los peligros. Una situación que, nuevamente, desempolva los peores momentos del conflicto, como los riesgos que tuvieron los candidatos que compitieron por la Presidencia en 2002, cuando la expansión de las Farc-EP intimidó la jornada electoral.
La versión del Gobierno Petro es que las autoridades no descartarán cualquier tipo de amenaza. Del magnicidio de Miguel Uribe Turbay se aprendió que hay que prevenir y atender cualquier intimidación, por mínima que parezca.
Prueba de ello es lo ocurrido recientemente con Iván Cepeda, el candidato del Pacto Histórico, a quien una agencia de inteligencia, ajena al sector del Ministerio de Defensa, informó sobre sospechas de un atentado.
En una reunión de alto nivel, el Ejecutivo pidió que la CIA, la principal agencia independiente de inteligencia exterior de Estados Unidos, revisara el contenido del hallazgo para confirmar el posible atentado e identificar a los responsables. Contrario a las versiones que circularon en la opinión pública, no fue la CIA la que alertó a Colombia de un riesgo para Cepeda. Así lo explicó un alto funcionario del Ministerio de Defensa a SEMANA: “La CIA es receptora de una información que le pasó Colombia. Ella analizará y aportará lo que sea posible dentro de sus capacidades”.
Un riesgo nacional
Aunque las investigaciones sobre las posibles acciones terroristas contra los aspirantes presidenciales apenas están en desarrollo, las primeras pistas apuntarían a que las guerrillas hacen las principales gestiones para impactar las elecciones. En la lista de posibles responsables están el ELN, el Clan del Golfo y las disidencias de las Farc que comandan alias Iván Mordisco y Calarcá. Ellos no estarían satisfechos, principalmente, con las candidaturas de la derecha.
Los expedientes no solo muestran que estas estructuras promoverían acciones armadas en zonas urbanas contra los candidatos y sus campañas, sino que estarían presionando con fusiles para que la población civil marque su voto hacia un determinado candidato y limitando la publicidad de los proyectos políticos.
El mapa de riesgo electoral de la Fiscalía pone en evidencia que, por lo menos, 203 municipios de Colombia tienen un nivel de riesgo muy alto, 280 se categorizan en riesgo alto, 257 en riesgo medio y 233 en riesgo bajo. Es decir, en solo 149 pueblos del país no habría peligros. El índice de riesgo estructural lo lideran Ricaurte (Nariño), Buenaventura (Valle del Cauca), Tarazá (Antioquia), Puerto Gaitán (Meta) y Barrancabermeja (Santander).
De otra parte, la Misión de Observación Electoral (MOE), en un estudio elaborado por 37 analistas de 17 instituciones, identificó 170 municipios con algún nivel de riesgo por fraude electoral y violencia, de los cuales 81 se encuentran en riesgo extremo, un incremento del 65 por ciento frente a los datos de la campaña de 2022. Los focos más críticos se encuentran en Arauca, Antioquia, Bolívar, Cauca, Meta, Caquetá, Putumayo y Guaviare.
El nivel de violencia también se midió con los riesgos que enfrentan los liderazgos políticos, sociales y comunales en Colombia. La MOE concluyó que, entre marzo de 2025 y marzo de 2026, se reportaron 435 agresiones contra este tipo de liderazgos: “Uno de los principales hallazgos del informe es el aumento de la violencia contra liderazgos políticos, que concentraron el 62,5 por ciento de las agresiones (272 hechos), con un incremento del 12,9 por ciento frente al proceso anterior. Además, la violencia letal contra este grupo creció en un 31 por ciento, al pasar de 51 a 67 casos, lo que evidencia un mayor riesgo para quienes participan directamente en la contienda electoral”, explicó la Misión.
Para blindar la jornada electoral, las autoridades han dispuesto aumentar el número de uniformados, tanto para cuidar a los candidatos como a los municipios con algún tipo de riesgo identificado.
Frente a los aspirantes, tanto los presidenciables como sus fórmulas a la Vicepresidencia, el Ministerio del Interior confirmó que se seguirá aumentando el pie de fuerza para cada uno de ellos. La tarea está en manos de la Unidad Nacional de Protección, la Policía, el Ejército, la Procuraduría y el Ministerio de Defensa.