Una comitiva de congresistas del Centro Democrático viajará la próxima semana a Washington, Estados Unidos, para presentar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) un informe que relata la violencia electoral en Colombia en medio de los comicios que se llevan a cabo en 2026.
El próximo martes 21 de abril, los congresistas José Jaime Uscátegui, Marelen Castillo y María Angélica Guerra, entre otros, tienen una cita para entregar oficialmente el informe, que habla sobre el voto en zonas controladas por grupos armados, el magnicidio de Miguel Uribe Turbay, estigmatización a la oposición, violencia digital y desinformación.
SEMANA conoció el documento, elaborado por Víctor Mosquera Marín Abogados, cuyo dato más revelador es un análisis que indica que el voto favorable al Pacto Histórico provino en su mayoría de municipios que cuentan con presencia de grupos armados.
En principio, explican que los riesgos electorales por violencia no se distribuyen “de manera homogénea”, sino que se concentran en “zonas específicas del país donde confluyen dinámicas de control armado y economías ilícitas que inciden directamente en la forma en que se desarrolla la competencia electoral y se ejerce el derecho al voto”.
Estos actores armados, según explican, condicionan la participación política y, con las economías ilícitas, refuerzan “dinámicas de poder y generan entornos propicios para la consolidación de determinados comportamientos electorales”.
De ahí, cruzaron 126 municipios que identificaron como aquellos con presencia de grupos armados con los 4.413.636 votos que el Pacto Histórico logró en el Senado de la República en la pasada elección a Congreso.
“El Pacto Histórico obtuvo un desempeño particularmente alto en 126 municipios del país, los cuales concentraron una porción significativa de su votación nacional. De acuerdo con dicha sistematización, en estos territorios esa fuerza política reunió más de la mitad de su votación total al Senado, ocupó el primer lugar en un número considerable de casos y alcanzó porcentajes especialmente elevados en múltiples municipios, varios de ellos con niveles de votación superiores al 20, 30 y 40 por ciento e incluso 50 por ciento”, expone el documento.
En esos 126 municipios, según los anexos presentados, el petrismo logró 2.423.844 votos, que equivalen al 54,9 por ciento del total. En 65 municipios ocupó el primer lugar, en 19 el segundo y en 42 el tercero en la contienda al Senado. En 15 municipios lograron el 50 por ciento de la votación y en 27, el 40 por ciento de los sufragios.
Y afirman que estas zonas coinciden con lugares en los que han estado presentes estructuras armadas ilegales, tanto en control como en disputa de territorio, tal como las disidencias de las Farc.
“Tal situación se advierte, por ejemplo, en municipios del departamento del Cauca, así como en zonas de Nariño, Putumayo, Caquetá, Meta, Norte de Santander y algunas subregiones de Antioquia; territorios donde el conflicto armado no solo ha persistido, sino que ha incidido directamente en la movilidad, la participación política y las condiciones de seguridad de la población civil”, argumentan.
Además, afirman que el condicionamiento del voto no se manifiesta aquí a través de “órdenes explícitas, sino mediante mecanismos más complejos como restricciones a la movilidad, prohibiciones para hacer campaña, vetos a determinados candidatos, control social sobre las comunidades e intimidación generalizada, que inciden directamente en la forma en que el elector puede ejercer su derecho”.
Y aclaran que no se trata de deslegitimar el voto de los ciudadanos en dichos territorios, ni tampoco una prueba de causalidad directa: “La preocupación no es meramente partidista ni coyuntural, sino estructural: allí donde el control armado condiciona la deliberación pública, restringe la circulación de opciones políticas y debilita la autonomía del elector, se compromete directamente el principio democrático”.
Oposición en riesgo
El documento también argumenta un riesgo inminente de la oposición al Gobierno nacional, materializado en el magnicidio de Miguel Uribe Turbay, que según ellos muestra que no existen condiciones de seguridad óptimas para hacer campaña.
“Se ha desarrollado en un entorno caracterizado por la convergencia de múltiples formas de violencia que trascienden hechos aislados y configuran un patrón estructural de afectación. Este fenómeno no solo compromete la integridad personal de líderes y candidatos, sino que incide directamente en la posibilidad real de participar en condiciones de igualdad en la contienda electoral”, indican.
Y se refieren directamente a las amenazas contra la vida de Paloma Valencia, candidata presidencial del partido, poniendo en conocimiento las fotos de coronas fúnebres que se han difundido en redes sociales.
“Este preocupante escenario, caracterizado por amenazas directas de muerte y la vandalización de sedes de campaña de la candidata Paloma Valencia, no puede ser interpretado como un hecho aislado, sino como la inminente reactivación del patrón de violencia política que ya segó la vida del precandidato Miguel Uribe Turbay”, recalca el documento.
Igualmente, mencionan que el Estado colombiano se encuentra en “campaña permanente”, en la que podría estarse usando el “músculo financiero” del Estado para beneficiar a los candidatos del oficialismo.
“Esta convergencia configura un riesgo sistémico que, al desviar la infraestructura comunicativa del Estado para favorecer intereses partidistas, vulnera directamente el principio constitucional de neutralidad y el régimen de prohibiciones para servidores públicos”, indican.
Al mismo tiempo, se alertó por la posible no aceptación de resultados adversos: “Esta narrativa de sospecha, impulsada desde la presidencia de Gustavo Petro, configura un cuadro de negacionismo electoral que erosiona la confianza en la Registraduría y el CNE. Al presentar el sistema como intrínsecamente viciado, se incentiva un rechazo social a los datos oficiales que no solo pone en jaque la estabilidad democrática, sino que amenaza con trasladar la resolución de las urnas a escenarios de confrontación civil y crisis de gobernabilidad”.
Hasta abren un espacio en el que describen cómo el discurso de odio sería propagado por funcionarios y parlamentarios afines al Gobierno nacional. Entre ellos Alfredo Saade, Agmeth Escaf y Alejandro Ocampo, pero en especial resaltan el discurso del presidente Gustavo Petro.
“Los discursos del presidente dirigidos contra el Centro Democrático y otros sectores de oposición han sido frecuentes a lo largo de su mandato, y se han expresado mediante diferentes canales y escenarios. Esta retórica agresiva se ha convertido en un patrón de comunicación política oficial, generando un clima de polarización política, debilitamiento del pluralismo democrático y estigmatización sistemática de quienes disienten de la línea oficial del Gobierno”, sostuvo.
En conclusión, la alerta radica en seis puntos: desigualdad en acceso a medios públicos; violencia como barrera democrática; vulneración del derecho a la vida y participación; desprotección institucional; violencia digital y vulnerabilidad de la oposición.
Los congresistas tendrán agenda en Estados Unidos toda la semana, desde donde aprovecharán para exponer las vulneraciones a sus derechos en el marco de las elecciones, especialmente poniendo en evidencia cómo las zonas de violencia coinciden con zonas de mayor votación a favor del petrismo.