Un informe de inteligencia militar y policial en poder de SEMANA dejó al descubierto la magnitud económica de los grupos armados ilegales en Colombia. La minería ilegal, el narcotráfico, la extorsión y el contrabando son los principales motores de la guerra. Entre Antioquia, sur de Bolívar y Córdoba, los investigadores estiman ganancias de hasta 47 millones de dólares mensuales solo por la extracción de oro.
Con el pasar de los años, la estructura de financiación al margen de la ley mueve millones de dólares que les permite comprar armas, corromper funcionarios y adquirir drones para los ataques con explosivos. Así lo ilustra el archivo, que es de carácter reservado, en el que, además, hay un análisis detallado de las amenazas en las regiones del país donde hay fuerte injerencia de la guerrilla del ELN, el Clan del Golfo y las disidencias de las Farc.
Las cifras que recoge este análisis indican que, por cuenta de la minería ilegal relacionada con el oro, en todo el país les representó a los delincuentes ingresos por más de 8.414 millones de dólares en 2025.
“Lo que llama la atención de todo esto es que con la cooperación internacional hemos logrado dar duros golpes a las redes de narcotráfico en diferentes países, incluida Colombia, donde contamos con una buena capacidad de investigación para combatir este delito. Sin embargo, también se ha quedado un poco corto el asunto de combatir a los que explotan el suelo de manera irregular porque las ganancias son impresionantes. Estamos casi seguros de que en este 2026, las rentas ilegales de la minería ilegal sobrepasaron al narcotráfico”, explicó un oficial a esta revista.
Clan del Golfo y ELN
Uno de los principales corredores para la explotación ilegal de minería está ubicado entre los departamentos de Antioquia, el sur de Bolívar y Córdoba, donde las rentas criminales asociadas a esta actividad alcanzarían los 47 millones de dólares mensuales.
“De ese total, el Clan del Golfo, también denominado Ejército Gaitanista de Colombia, obtiene unos 33 millones de dólares mensuales, mientras que la guerrilla del ELN tendría una ganancia de los 7 millones de dólares, según la trazabilidad que se ha hecho con agencias de inteligencia del Estado y de talla internacional”, explicó la misma fuente.
Si estas cifras se proyectan anualmente, se acercarían a los 396 millones de dólares para el Clan del Golfo y 84 millones para el ELN. En conjunto, el corredor tendría un movimiento estimado de 564 millones de dólares al año. El restante de los 7 millones de dólares podría ser utilizado para gastos de la operación criminal, de acuerdo con las labores de inteligencia.
“El Clan del Golfo opera mediante un modelo de ‘franquicias criminales’ que obliga a los mineros independientes a afiliarse y pagar regalías, articulado con lavado de activos a través del sector inmobiliario, la ganadería y el transporte informal en Cartagena, Barranquilla y el Valle de Aburrá”, se lee en el documento en poder de esta revista.
En medio de estas labores investigativas, las autoridades establecieron que grupos armados como el Clan del Golfo no solo obtienen recursos de grandes actividades ilegales, sino que también han creado mecanismos para incorporar a mineros independientes a sus redes de financiación.
En zonas como Vaupés, Amazonas y Guainía, la inteligencia militar ha detectado fuertes movimientos de oro y el coltán ilegal que siguen moviendo con destinos internacionales a un menor costo y con pocas restricciones.
“No solo se necesitan operaciones militares como las que se vienen adelantando desde hace varios meses, sino que se necesita poder tener claro cuáles son los mecanismos que estos grupos utilizan para introducir los recursos ilícitos en actividades económicas aparentemente legales. No es una tarea fácil, pero tampoco es imposible. Requiere mucho tiempo de análisis”, dijo el oficial.
Los casi 30.000 integrantes de los grupos armados ilegales en Colombia dan a entender también por qué logran producir tanto dinero para sostener sus acciones terroristas.
“En 2025, teníamos un aproximado de 28.301 integrantes en los grupos armados en Colombia, pero a corte del 30 de junio de 2026 tenemos 29.059, lo que nos representa que hubo un crecimiento neto del 2,7 por ciento; es decir, hay 758 integrantes más de todos los grupos”, detalló la fuente.
Este revelador informe precisa que, en el suroccidente colombiano, que comprende Nariño, Cauca y Valle del Cauca, las estructuras ilegales pasaron de 5.070 a 5.532 integrantes, un crecimiento del 9,1 por ciento. En el Catatumbo, en Norte de Santander, el número aumentó de 3.531 a 3.823, equivalente al 8,3 por ciento.
Por su parte, la jurisdicción de la Primera División del Ejército Nacional, que incluye varios territorios del Caribe, registró un incremento del 6,9 por ciento, al pasar de 6.856 a 7.332 integrantes.
Por su parte, la guerrilla del ELN se encuentra desesperada por los duros golpes que le ha propinado el Gobierno del presidente Abelardo De La Espriella y, según la inteligencia del Estado, es uno de los grupos que cuenta con mayor poder de desplegarse en las regiones del país. Por ejemplo, en el Bajo Cauca, Chocó y Córdoba se documentó un crecimiento del 21,7 por ciento en un solo ciclo, mientras que en el Catatumbo el incremento alcanza el 16,5 por ciento.
“Lo que sí tiene el ELN es que controla las zonas donde se encuentran los cultivos ilícitos y también manejan perfectamente el movimiento de la droga con otras bandas criminales locales que subcontratan para no exponerse tanto a los operativos de la fuerza pública”, describió el alto mando al consultarle sobre el análisis de este informe.
Según este documento, el Catatumbo registra cerca de 54.000 hectáreas de coca, cifra atribuida a la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), lo que hace que el ELN se siga expandiendo y ganando jugosas rentas económicas.
Para la inteligencia militar, esta concentración de cultivos constituye uno de los principales soportes económicos de la expansión del ELN en Norte de Santander.
“La extorsión trasciende su dimensión delictiva para operar como mecanismo de control poblacional bajo una relación de ‘protección-sujeción’ que inhibe la denuncia. En el oriente del país, el ELN convierte los atentados a oleoductos en Arauca (95 por ciento de las voladuras de oleoductos registradas en el país durante 2025) en una herramienta de extorsión estructural al sector energético, con impacto fiscal directo sobre las regalías departamentales”, afirmó el oficial.
A punta de presión
Asimismo, el informe precisó que las sumas que les exigen a estas empresas para evitar estos daños millonarios hacen que puedan sostener la guerra sin necesidad de exponer a sus hombres, pues solo utilizan su presión y la historia violenta de esta guerrilla.
“Hay que tener claro que, en Arauca, la amenaza contra la infraestructura petrolera adquiere una dimensión especialmente grave por la magnitud de los daños que se pueden presentar y las utilidades que esto genera”, narró el uniformado consultado.
Según el informe, otra de las fuentes de financiación del ELN es el contrabando de combustible subsidiado, armas, alimentos y el tráfico de personas en la frontera con Venezuela, donde cuenta con una extensa red que le permite planear y financiar sus actividades terroristas.
Por su parte, las disidencias de las Farc forman parte de esta cadena económica ilegal porque estas sí se dedican mayormente al narcotráfico, a cuidar esas rutas que llegan finalmente a destinos internacionales y donde están los grupos liderados por Iván Mordisco, la Segunda Marquetalia y sus estructuras relacionadas, especialmente en el suroccidente del país.
“El corredor cocalero del Pacífico nariñense y el enclave del Catatumbo (cerca de 54.000 hectáreas de coca, según UNODC) explican de forma directa dos de los mayores crecimientos documentados. El 9,1 por ciento agregado de grupos armados organizados en el suroccidente, liderado por el GAO-r EMC y el SM-CNEB, y el 16,5 por ciento del ELN en el Catatumbo”, se lee en el documento.
Lo que llama poderosamente la atención de este archivo en poder de SEMANA es que los 8.414 millones de dólares estimados en el informe de inteligencia militar equivalen a 27,25 billones de pesos. Es decir, es una cifra que sobrepasa más de dos veces el presupuesto anual de Medellín, equivale a tres veces los recursos aprobados para Barranquilla y Cali, y representa casi seis presupuestos de Cartagena.