El Gobierno de Gustavo Petro y el equipo de empalme que designó Abelardo De La Espriella para conocer el estado real del país están que se sacan chispas. Y, contrario a los empalmes protagonizados por los gobiernos anteriores, este se produce en medio de la hostilidad, la desconfianza y fuertes advertencias de ambos lados. Petro y De La Espriella no se encontrarán. “No existe posibilidad”, anunció el vicepresidente electo, José Manuel Restrepo.
El próximo martes se realizará la primera reunión de los equipos del Gobierno saliente y del entrante. Serán 30 días con denuncias de un lado y del otro, con transmisiones en vivo y quejas ante Fiscalía, Procuraduría y Contraloría. E insumos que alimentarán la auditoría forense que anunció De La Espriella y promete revelar el estado de la nación hoy.
SEMANA conoció la carta que le entregó Restrepo al ministro de Hacienda, Germán Ávila, en la que se refirió a ocho alertas identificadas durante el proceso del llamado empalme anticorrupción.
La primera alerta se refiere a los asuntos fiscales de la nación. “El Gobierno nacional ha informado a la opinión pública que entregará el país con una deuda neta del 58 por ciento del PIB, lo cual genera inquietudes y alertas al evidenciarse un desajuste con las cifras presentadas por el Comité Autónomo de la Regla Fiscal, las cuales indican que la deuda neta en 2026 cerrará en un 61 por ciento del PIB, la más alta de la historia, llegando al 62,9 por ciento en 2027 y al 63,8 por ciento en 2028, un 4 por ciento del PIB superior al Marco Fiscal de Mediano Plazo de 2026”, se lee textualmente.
Al vicepresidente también le preocupa la proyección del balance total presentada por el Comité Autónomo de la Regla Fiscal, la cual llegaría al -7,4 por ciento del PIB y, en sus palabras, es insostenible bajo cualquier punto de vista.
“Quisiéramos obtener mayor información y explicaciones relativas a las proyecciones del incremento en rubros como el aumento del Sistema General de Participaciones, por efectos de la reforma constitucional aprobada por el Congreso de la República, y el proyecto de ley presentado por el Gobierno nacional, los efectos generados por las reformas pensional y laboral, y la crisis actual del sistema de salud”, precisó.
Y pidió explicaciones sobre la caída de los sistemas informáticos, bases de datos y servicios virtuales de Colpensiones, problemas que, a su juicio, afectan a afiliados y a pensionados, y generan una grave preocupación en la opinión pública.
Además, el vicepresidente solicitó la información relativa al proceso presupuestal del año 2027, anteproyecto, proyecto y toda la documentación técnica consolidada por sectores. También la información relativa a la ejecución del Presupuesto General de la Nación 2026, la proyección de caja (PAC), así como toda la información relativa a compromisos presupuestales, rezagos, cuentas por pagar y pasivos de periodos fiscales anteriores.
La segunda alerta del gobierno de Abelardo De La Espriella es cómo queda la paz total de Petro. El vicepresidente solicitó información precisa y estratégica sobre los reales compromisos pactados con los grupos al margen de la ley, en especial en materia de zonas de concentración, desmilitarización, zonas de despeje, ceses al fuego, levantamiento de órdenes de captura y demás concesiones dadas por el Gobierno a los grupos armados.
“Quisiéramos obtener información precisa sobre los compromisos que el Gobierno ha pactado con el Gobierno venezolano en relación con la implementación de este programa y cuáles han sido los desarrollos y el nivel de cumplimiento actual de los mencionados compromisos”, se lee en la misiva, donde también se solicitó al Gobierno cifras de menores de edad reclutados, heridos en combate, desplazamientos y homicidios.
Salud
La crisis del sistema de salud también es una alerta: “El equipo ha elevado con consternación una alerta por un posible colapso operativo de la atención en salud de los colombianos, posterior a las intervenciones de varias EPS. Como lo advirtió la Contraloría General al gestor fiscal de la Superintendencia Nacional de Salud, en 2025 se registraron 2.061.661 peticiones, quejas y reclamos, un incremento del 65,3 por ciento en las quejas respecto de las 1.247.137 recibidas en 2022”. Y añadió: para 2025, la Superintendencia recibió una cantidad de peticiones, quejas y reclamos similar a la población total de Cali. De estas, el 61,66 por ciento corresponde a EPS intervenidas forzosamente por el Estado, una cifra similar a la población de Barranquilla.
A lo anterior se suman los “preocupantes” números sobre el deterioro financiero desde la intervención de varias EPS, conforme a la información reportada por la Superintendencia Nacional de Salud. “Esto incluye reportes en Coosalud (crecimiento de 5,85 billones en pasivos), Emssanar (crecimiento de 1,64 billones en pasivos), Famisanar (crecimiento de 1,82 billones en pasivos), Savia Salud (incremento de 0,82 billones en pasivos) y SOS (crecimiento de 0,54 billones en pasivos), entre otras”.
Otra preocupación es la crisis energética y el riesgo inminente de un apagón en Colombia. “Teniendo en cuenta la llegada de la crisis climática generada por el fenómeno de El Niño, queremos conocer las estimaciones del impacto y las medidas tomadas por el Gobierno para evitar un posible racionamiento de energía eléctrica y de suministro de gas natural domiciliario, incluyendo los efectos e impactos generados en esta coyuntura por las decisiones gubernamentales que redujeron la exploración de hidrocarburos en el país, los problemas técnicos que afectaron la entrada en funcionamiento de varios proyectos de energía solar y energías renovables y las coyunturas estructurales de los órganos públicos de planeación y regulación en estas materias”.
UNGRD
La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), donde se generó el principal escándalo de corrupción del Gobierno Petro, también produce inquietudes.
En la carta, Restrepo dice: “Preocupa al equipo de empalme el manejo de los recursos extrapresupuestales del Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (FNGRD), administrado por la UNGRD, que recibió transferencias extraordinarias de este despacho por aproximadamente 1,4 billones de pesos durante 2023, mediante dos giros realizados en septiembre y diciembre de ese año”.
Esta alerta –dice el documento– “cobra particular gravedad frente a los hechos de público conocimiento que actualmente se adelantan ante la justicia penal por el manejo de dichos dineros, circunstancia que exige de la UNGRD la máxima transparencia sobre los controles financieros que ejerció al ordenar este gasto y sobre el estado actual de los recursos”.
En consecuencia, se le solicitó al Gobierno ampliar la información relativa al estado financiero actual del Fondo, los saldos no comprometidos para 2026 y el histórico completo de transferencias recibidas entre 2022 y 2025.
ANT
La Agencia Nacional de Tierras ocupó varios párrafos de la misiva dirigida al ministro Germán Ávila. “Existe una preocupante alerta de la información anunciada por la entidad frente a los avances en acceso a la propiedad de la tierra del campesinado”, informó.
Y es que, de acuerdo con la información de la plataforma del Departamento Nacional de Planeación Sinergia, al 31 de mayo de 2026, aunque existía una meta de entrega de 1.500.000 hectáreas a través del Fondo de Tierras conforme al Plan Nacional de Desarrollo 2022-2028, su cumplimiento registra un muy deficiente 6 por ciento de avance tras cuatro años de gestión, dice.
Restrepo aseguró en su carta que constató que la Agencia habría destinado 2,37 billones de pesos directamente a la compra de tierras. Y puso de ejemplo el hallazgo fiscal de la Contraloría por 16.382 millones de pesos del predio Hacienda Simba, en Sucre, donde hace 18 meses se hizo un desembolso y el lote no ha sido transferido a la Agencia Nacional de Tierras ni a los beneficiarios.
“Las cifras divulgadas de la entidad, a corte de abril de 2026, señalan que la mayoría de las hectáreas reportadas como entregadas (56,2 por ciento) han sido otorgadas en provisionalidad, no en propiedad, dificultando a los campesinos el acceso al crédito y la seguridad jurídica. Lo mismo aplica para la formalización de hectáreas, que, si bien supone brindar seguridad jurídica, no implica entregar nueva tierra a quien no la tiene”.
El equipo de De La Espriella quiere esclarecer en detalle la concentración de 1,74 billones de pesos en cuatro convenios interadministrativos suscritos con la Sociedad de Activos Especiales y el Fondo de Reparación de Víctimas.
ICBF
Otra de las alertas recae en el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. “Preocupa al equipo de empalme la sostenibilidad financiera del proceso de formalización de la primera fase de madres y padres comunitarios –2.353 cargos creados mediante el Decreto 1398 de diciembre de 2025–, frente al cual no existe claridad pública sobre su indexación en el Marco Fiscal de Mediano Plazo ni sobre su financiación dentro del anteproyecto de presupuesto para 2027”, dice Restrepo.
Y advierte que un compromiso de esta naturaleza, “de no encontrarse debidamente financiado, podría comprometer tanto la estabilidad laboral de los beneficiarios del proceso de formalización como la operación misma del ICBF durante la próxima vigencia”.
ANI
El equipo de empalme también detectó gran preocupación porque la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) enfrentaría el riesgo fiscal contingente más alto de su historia reciente porque tiene 48 tribunales de arbitramento activos y pretensiones indexadas por un valor de 18,3 billones de pesos, cifra que se habría duplicado respecto de los 17 tribunales activos y 9,04 billones registrados para el inicio de la administración 2022-2026.
“Este incremento representa un valor superior a la totalidad de los 8,28 billones de pesos asignados al Programa Colombia Mayor para 2026. Tratándose de controversias contractuales, podría ser directamente atribuible a la toma de decisiones en contravía de las obligaciones legales y contractuales previamente adoptadas por la entidad en casos de sentencias condenatorias”, se argumenta.
Y se recuerda la condena a la nación por cerca de 4 billones de pesos por el caso de la vía Antioquia-Bolívar, la toma de decisiones de alta litigiosidad como el Decreto 050 de 2023, la reducida ejecución presupuestal de la entidad y el aparente estancamiento de nuevas estructuraciones de asociaciones público-privadas.
El Gobierno saliente quedó molesto. Al delegado por el presidente Petro, el ministro de Hacienda, Germán Ávila, no le gustó que el vicepresidente electo hiciera públicos los temas que le preocupan en el intercambio de información y lo acusa de estar utilizando solo información de medios de comunicación para realizar la transición. “Este proceso hay que hacerlo con seriedad y responsabilidad”, expresó Ávila.
Son dos las versiones del empalme. Restrepo señala que desde el comienzo del año el equipo del próximo Gobierno comenzó a levantar información sobre la situación del Estado hasta completar casi el 70 por ciento de los datos necesarios para llegar al Poder Ejecutivo. En contraste, el Gobierno saliente le acusa de tener información “parcializada”, sacada solo de medios de comunicación y carente de sustento institucional.
El que parece ser el único punto en común entre ambos bandos es la situación fiscal del país, pero con relatos diferentes. Ávila afirma que el Gobierno saliente fue víctima de una “asfixia fiscal” promovida por el Congreso con su negativa a la reforma tributaria y por la Corte Constitucional, que rechazó puntos de las emergencias económicas; en contraste, Restrepo cuestiona la gestión de las finanzas del Estado en los últimos cuatro años, que deja a la nueva administración en un escenario de déficit fiscal y deuda externa.
El Gobierno saliente afirma tener preocupaciones sobre qué pasará a partir del 7 de agosto con lo que fueron sus políticas en salud, educación superior, atención a la niñez, reforma agraria, salarios de los trabajadores y otros programas sociales. Es más, Ávila no duda en lanzar la advertencia de que el pueblo estará “al pendiente” de esos asuntos.