El 2025 fue un año totalmente convulsivo, desafiante y a la vez preocupante para Colombia. Fue intenso, complejo y polarizado debido a los distintos actores que marcaron el compás de la historia política, social y económica. Un año en el que el presidente Gustavo Petro, bajo la promesa del cambio y su programa de paz total, fracturó la seguridad, la confianza institucional y la política exterior con una sociedad cada vez más dividida en torno a su gobierno y las decisiones que ha tomado.
SEMANA seleccionó aquellos hechos que, por su alto nivel de coyuntura, marcaron distintos momentos y muestran la radiografía de un año crítico para el gobierno de Gustavo Petro.
1. Golpe a la diplomacia: las relaciones entre Colombia y Estados Unidos, en su peor momento
El 2025 arrancó con el peor clima de tensión entre el presidente Gustavo Petro y su homólogo estadounidense, Donald Trump. El mandatario del país norteamericano se posesionaba para su segundo mandato el 20 de enero y, tras ello, firmó una serie de decretos entre los que figuraba una política antiinmigratoria más drástica y con deportaciones masivas.
La medida desató un escenario tenso entre Petro y Trump. Una serie de publicaciones del jefe de Estado colombiano en su cuenta de X, en una madrugada del 26 de enero, provocó un rifirrafe con Trump que desencadenó la crisis diplomática que mantuvo en vilo al país.
¿La razón? Petro desautorizó el ingreso a Colombia de dos aviones militares estadounidenses con ciudadanos deportados, argumentando que los migrantes estaban siendo tratados como “delincuentes” al llegar esposados de pies y manos.
De inmediato, la administración Trump advirtió aranceles del 25 % a todos los productos colombianos (como café, flores y petróleo), revocar las visas a todos los funcionarios del Gobierno Petro y sus familias, sanciones financieras y cierre de la embajada de Estados Unidos en Colombia, lo que perjudicó a varios aspirantes a sacar su visa y reprogramar después sus citas.
La situación fue superada, pero Trump endureció su retórica contra Petro y comenzó a calificarlo como “un obstáculo para la seguridad hemisférica”. Ya los rumores de una posible descertificación para Colombia eran más que un secreto a voces, y la decisión llegó en septiembre.
Después de 30 años, el país vio cómo se le limitaban los apoyos económicos para la lucha contra las drogas tras no lograr erradicar los cultivos ilícitos que llegaron a cifras récord: 300.000 hectáreas.
El otro golpe llegaría después para el propio presidente colombiano, cuando en octubre fue incluido en la lista Clinton. En una decisión sin precedentes para un presidente en ejercicio, el Departamento del Tesoro de EE. UU. incluyó a Petro, a su esposa Verónica Alcocer, su hijo Nicolás Petro y al ministro del Interior, Armando Benedetti, en la lista de la Ofac.
Tras esta decisión, Petro ha endurecido su discurso y posición contra Estados Unidos y el Gobierno Trump asegurando que es una persecución política de la derecha.
2. La corrupción en el corazón del Estado: el escándalo de la UNGRD
El mayor caso de corrupción del Gobierno Petro siguió su proceso ante la Fiscalía y la Corte Suprema de Justicia con las distintas declaraciones y pruebas por parte del que fuera el director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), Olmedo López, y su exsubdirector, Sneyder Pinilla.
López y Pinilla cerraron acuerdos de principio de oportunidad y revelaron una red de sobornos. Además, mencionaron las distintas reuniones que sostuvieron congresistas y ministros con el entonces director, mostrando cómo hubo un complejo entramado de compra de votos en el Congreso para que se aprobaran las reformas de Petro junto con el desvío de fondos públicos.
Ante los avances de la investigación, la Corte Suprema de Justicia ordenó en mayo la captura de los excongresistas Iván Name y Andrés Calle, por el presunto recibo de dineros (3.000 y 1.000 millones de pesos, respectivamente) entregados en efectivo.
Para septiembre, Pinilla fue condenado a cinco años y ocho meses de prisión, tras aceptar cargos y colaborar con la justicia. También se conoció que Sandra Ortiz, exconsejera para las regiones en el Gobierno Petro, iba a juicio luego de que se conociera que habría entregado los 3.000 millones de pesos que habrían ido a parar a las manos del entonces presidente del Senado, Iván Name, en el segundo semestre de 2023.
Otra de las aristas del caso fue Carlos Ramón González, el exdirector de Inteligencia y del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), durante el gobierno del presidente Gustavo Petro, quien fue imputado y desde entonces se encuentra prófugo de la justicia en Nicaragua con una orden de captura internacional de Interpol en su contra.
En medio de esta situación, también salió a la luz la declaración de María Alejandra Benavides, exasesora del exministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, en la que detalló ante la Corte cómo su entonces jefe hizo parte de la repartija que el Gobierno Petro negoció con votos a favor de sus reformas de los congresistas de Comisión de Crédito Público a cambio de multimillonarios contratos. Además que, a finales de 2023, el entonces ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, estaba enterado de todo lo que ocurría.
El año cerró con una de las noticias de mayor impacto en el caso: Bonilla y Velasco fueron enviados a la cárcel por decisión de una magistrada del Tribunal Superior de Bogotá.
3. El conflicto armado se reconfiguró: la violencia en expansión
El 2025 fue el año en el que las masacres, los atentados contra la Fuerza Pública, los desplazamientos y el secuestro llegaron a un nivel que mostraba un retroceso en la seguridad del país. En medio de este panorama, el Clan del Golfo duplicó su pie de fuerza, el ELN expandió su presencia y las disidencias de las Farc consolidaron bloques como el EMC. Todos ellos con protagonismo en el programa de paz total del Gobierno Petro sin que se vean avances o compromisos.
Estos grupos armados se fortalecieron y también tuvieron protagonismo con sus líderes, como en el caso de las disidencias de las Farc y su guerra territorial por el narcotráfico en el Catatumbo o en el Cauca.
Néstor Gregorio Vera, alias Iván Mordisco, jefe del EMC, y su enfrentamiento constante con quien fue su aliado y ahora máximo enemigo Alexander Díaz Mendoza, alias Calarcá, representa la fractura más sangrienta entre las disidencias que pone en el medio a los pobladores de estas zonas en constante riesgo y desplazamiento.
Las disidencias de las Farc y el ELN han perpetrado ataques contra población civil y paros armados que desde junio han atemorizado al Guaviare, por ejemplo, pero el Catatumbo se convirtió en el epicentro de la crisis humanitaria más grave del año.
El ELN y el Clan del Golfo también afectaron la situación de orden público. Los dos grupos, sentados a la mesa de diálogo intermitente con el Gobierno, han atacado con paros armados la zona del Chocó o el atentado con camión bomba al Batallón Simón Bolívar en Tunja, por parte del primero, y el segundo, desde el sur de Bolívar hasta el sur de Antioquia. Sumado a esto también se registraron enfrentamientos en el Valle del Cauca y Bajo Cauca.
A este escenario de alta preocupación por la seguridad del país le salió una nueva arista tras el más reciente escándalo sobre los presuntos vínculos de altos mandos de la Fuerza Pública y de funcionarios de entidades del Estado con las disidencias de las Farc lideradas por alias Calarcá, como lo denunció Noticias Caracol.
La situación de violencia ha puesto en alerta a la Defensoría del Pueblo, que ha emitido varios llamados de cara a lo que pueda ocurrir en las próximas elecciones de 2026.
Los datos preocupan: 2025 cierra con 76 masacres y 181 líderes sociales asesinados, según datos de Indepaz. En el caso del secuestro, la Fundación Libremente detalló que este aumentó en un 103,6 % y la Defensoría en su más reciente informe señaló que 101.474 personas fueron desplazadas por la violencia, mientras otras 110.375 permanecieron confinadas.
4. Un magnicidio: el asesinato de Miguel Uribe Turbay
Los colombianos volvieron a sentir el miedo de la violencia de manera más directa. El 7 de junio atentaron contra la vida de uno de los precandidatos presidenciales por el Centro Democrático, Miguel Uribe Turbay, con dos disparos, uno de ellos en la cabeza, que lo mantuvo durante dos meses luchando por su vida; sin embargo, falleció el 11 de agosto.
El hecho generó conmoción en el país y marchas en contra de la violencia. Los colombianos oraron por la recuperación del líder político y recordaron la pérdida de su madre, la periodista Diana Turbay, hace 30 años, cuando la violencia le quitó a Uribe Turbay la oportunidad de seguir compartiendo con su progenitora.
El día del atentado se capturó a un menor de 15 años responsable de disparar contra el líder político. A partir de allí se inició una investigación para dar con los autores tanto materiales como intelectuales. La Fiscalía vinculó a una red sicarial contratada en el plan para atentar contra el entonces senador, y confirmaron la captura y judicialización de siete personas implicadas directamente en el magnicidio.
Además de las labores adelantadas por la Policía Nacional, que durante ocho meses bajo el mando del general Carlos Fernando Triana Beltrán, con 180 integrantes junto a expertos de la Fiscalía, lograron esclarecer el magnicidio de Uribe Turbay.
En tiempo récord, capturaron a seis de los autores materiales que llevaron a la consolidación de la hipótesis de que estos estaban en cabeza de la Segunda Marquetalia. La investigación sigue su proceso y se espera dar a conocer a los autores intelectuales, los que dieron la orden de acabar con la vida del precandidato.
Y es que bajo el liderazgo del general Triana, la imagen de la Policía fue favorable, superando el 62 %, esto debido a su lucha contra el multicrimen y el narcotráfico, que permitió generar una disrupción en la mayoría de delitos de mayor impacto.
En 2025 asestaron varios golpes, como la incautación de 629 toneladas de estupefacientes; la destrucción de 2.079 narcolaboratorios, la captura o el abatimiento de más de 200 extraditables, entre ellos 21 capos extranjeros, como alias Dollarino, Fede y Peppe, 31 miembros del Tren de Aragua y criminales de la peligrosidad de alias Terror y Chirimoya, del Clan del Golfo.
Además, de la extradición de más de 200 delincuentes, buscados en 196 países, se incautaron 2,4 millones de galones y kilos de insumos químicos y se ocuparon 2.199 bienes, valorados en 526.000 millones de pesos. Logros que también fueron evidenciados con la creación de tres nuevos Bloques de Búsqueda, tres grupos Gaula y cuatro sedes de Interpol.
Sumado a esto, el ascenso de más de 9.000 policías y la puesta en marcha de la Universidad Policial, la primera en su género en América Latina.
5. El juicio del siglo contra el expresidente Álvaro Uribe
Uno de los hechos que ocupó titulares y portadas fue el juicio contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Un proceso marcado por largas audiencias, defensas y alegatos, con una decisión determinante: absolución total.
Se le denominó el juicio del siglo y los colombianos vieron cómo el expresidente se defendía de las acusaciones y los testimonios en su contra por parte de Juan Guillermo Monsalve, Carlos Enrique Vélez, alias Víctor, Deyanira Gómez, entre otros, quienes aseguraban que Uribe había comprado testigos y fundado el Bloque Metro de las AUC en la Hacienda Guacharacas, lo que fue denunciado por el senador y candidato presidencial Iván Cepeda.
El juicio contra el expresidente fue uno de los más mediáticos, cuando en julio la jueza Sandra Heredia anunció que Uribe era culpable de soborno en actuación penal y fraude procesal y lo condenó a 12 años de prisión domiciliaria.
La decisión fue apelada por la defensa del exmandatario ante el Tribunal Superior de Bogotá, que revocó la condena. Hoy Uribe es candidato al Senado del Centro Democrático para 2026.
6. Los consejos de ministros transmitidos y el arribo de Benedetti al Gobierno
La inestabilidad administrativa y los constantes cambios en el gabinete ministerial del presidente Gustavo Petro estuvieron presentes en la palestra pública, aunados al regreso de figuras como Armando Benedetti.
Polémicas que se acrecentaron con la transmisión por canales privados y públicos de los consejos de ministros, en los que Petro daba línea. En uno de ellos se evidenciaron las tensiones de varias fichas del Gobierno.
El desarrollo de los consejos de ministros, que en anteriores gobiernos eran privados y a puerta cerrada, se convirtieron en la mayor crítica a Petro. Una decisión del Consejo de Estado ordenó al presidente dejar de transmitirlos en canales de televisión privados, así como en los locales, regionales y comunitarios de televisión abierta, bajo el argumento de que ese tipo de transmisiones vulneraba el derecho a la información de la ciudadanía.
7. Polarización y un país dividido: el año de las marchas
Las marchas fueron las protagonistas del ambiente en el país a favor y en contra del gobierno de Gustavo Petro, evidenciando cada vez más la fuerte polarización que hay entre los colombianos respecto a la situación política, económica y social.
Y es que la polarización alcanzó su punto máximo con las movilizaciones masivas que paralizaron las principales ciudades del país en respuesta a las reformas sociales, como la laboral o la de salud, los escándalos de corrupción y también las de apoyo al expresidente Álvaro Uribe en medio de su juicio, como también quienes salieron a pedir su condena.
Desde febrero hasta agosto, los partidos de oposición convocaron a los colombianos a salir a las calles bajo el lema ‘Fuera Petro’. El presidente también hizo lo propio llamando a tomarse las calles y a apoyar su gestión, una de ellas fue la del primero de mayo, en la que defendió su programa y atacó “a las mafias del poder”, o la del 19 de septiembre, llamada ‘La marcha de las canas’, para defender la reforma pensional y que esta fuera aprobada.
Las marchas no solo tuvieron lugar en las plazas o calles de las distintas ciudades del país, sino también en las redes sociales con políticos, influencers y ciudadanos.
8. El juicio contra Nicolás Petro
En 2025, el caso de Nicolás Petro, hijo del presidente Gustavo Petro, entró en su fase definitiva y fue otro de los hechos que marcó la agenda pública.
Nicolás Petro es procesado por lavado de activos y enriquecimiento ilícito.
El hijo del mandatario también tuvo otro golpe al entrar en la lista Clinton por decisión de Estados Unidos.
A diciembre de 2025, el caso está en la etapa de práctica de pruebas y uno de los puntos críticos fue que la Fiscalía le solicitó la medida de aseguramiento y privación de la libertad en centro carcelario, la cual fue negada y hoy Nicolás Petro está libre, bajo el argumento de que no hay méritos suficientes para enviarlo a prisión.
El hijo del presidente enfrenta una posible condena de entre 10 y 15 años de cárcel. Se espera que el sentido del fallo (si es culpable o inocente) se emita en el primer trimestre de 2026.
9. Las reformas del Gobierno estancadas
Las pretensiones del Gobierno Petro de lograr la aprobación de la reforma pensional, de salud y tributaria encontraron en 2025 su mayor obstáculo: el Congreso y la Corte Constitucional, mostrando nuevamente la oposición a las propuestas del presidente y que han generado fuertes tensiones entre el Ejecutivo y el Legislativo.
En el caso de la pensional, su implementación no se dio en 2025 debido a que la Corte Constitucional aceptó el 16 de julio la demanda de la senadora y hoy candidata presidencial del Centro Democrático, Paloma Valencia, quien señaló que en el Congreso “eludieron el debate y establecieron un régimen pensional que afecta al 41 % de los colombianos”.
La discusión en la Corte Constitucional quedó en empate (4-4) para definir la aprobación, o no, de la misma, lo que supone un revés para el Gobierno Petro y prolonga una incertidumbre perjudicial para las finanzas públicas y los actuales y futuros cotizantes. Ahora el conjuez Carlos Pablo Márquez será el que decida el futuro de la misma.
Respecto a la reforma a la salud, tras su fracaso en 2024, el Gobierno presentó este año un nuevo texto, pero fue archivado en la Comisión Séptima del Senado. Hay una apelación en curso.
El ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, señaló que esta reforma se financiaría con lo recaudado de la reforma tributaria, la cual también se cayó y el Gobierno se quedó sin la posibilidad de recaudar 16,3 billones de pesos. Esto llevó a que el presidente Petro, junto con su ministro de Hacienda, Germán Ávila, declarara la emergencia económica.
10. Un cierre de año con un tenso sabor preelectoral
El tablero de las próximas elecciones presidenciales de 2026 se mantuvo tenso en este 2025 entre un centenar de precandidatos y definiciones de alianzas.
Varios ya están moviendo sus fichas para ir a una consulta. Tal es el caso de la izquierda, con los precandidatos Iván Cepeda, Roy Barreras y Camilo Romero.
La oposición también tiene lista su consulta. De ella hacen parte Paloma Valencia, Vicky Dávila, Mauricio Cárdenas, Juan Daniel Oviedo, Juan Manuel Galán, David Luna y Aníbal Gaviria.
Los únicos candidatos que no participarán de las consultas son Abelardo de la Espriella y Sergio Fajardo. En el caso de De la Espriella, presentó 4.869.407 firmas para avalar su candidatura a la Presidencia.